Colombia lleva tres años sin implementar una reforma que prometía aliviar el impuesto más controvertido de su sistema financiero: el gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1.000. Este impuesto, que cobra el Estado por cada transacción en el sistema bancario, fue introducido en 1998 durante el Gobierno de Andrés Pastrana como una medida temporal destinada a enfrentar una crisis bancaria. Originalmente establecido en un 2×1.000, se ha convertido en un gravamen permanente que genera al Estado aproximadamente 16 billones de pesos anuales.
Problemas de la reforma tributaria de 2022
La reforma tributaria impulsada por el presidente Gustavo Petro al inicio de su mandato en 2022 no contemplaba la eliminación del GMF. En cambio, su objetivo era más limitado: eximir a los colombianos del pago de este impuesto siempre que sus transacciones mensuales en cualquier cuenta no superaran un umbral de 18,3 millones de pesos, equivalentes a unos 4.900 dólares. Aunque esta exención está en vigor, cada contribuyente solo puede aplicar la medida a una sola cuenta.
Desafíos en la implementación
La ejecución de esta reforma requiere la creación de un sistema que conecte a todos los actores del sistema financiero, algo que, hasta la fecha, no se ha materializado. Este obstáculo plantea dudas sobre la efectividad de la exención y si realmente logrará aliviar la carga impositiva sobre los colombianos.
La situación del GMF sigue siendo motivo de preocupación para muchos ciudadanos, que continúan enfrentando la presión de un impuesto que afecta sus transacciones diarias.
