Vulnerabilidad Animal ante Incendios en Ñuble y Biobío
Los incendios forestales que han devastado este verano las regiones de Ñuble y Biobío han sacado a la luz una problemática que hasta ahora había sido relegada: la vulnerabilidad de los animales—tanto domesticados como silvestres—ante desastres naturales. Estas tragedias no solo generan imágenes impactantes, sino que también plantean una pregunta ética y jurídica fundamental: ¿por qué nuestra legislación y políticas públicas no contemplan de manera efectiva la protección animal en situaciones de emergencia?
Iniciativas de Rescate Animal en el Terreno
En localidades como Lirquén, equipos de la Policía de Investigaciones y voluntarios han establecido clínicas móviles para atender a perros, gatos y otros animales rescatados entre escombros y cenizas. Muchos de estos animales llegan con lesiones que requieren atención veterinaria urgente. Sin embargo, esta labor, aunque honorable, es improvisada y depende en gran medida del esfuerzo individual de aquellos en el lugar de los hechos.
El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha informado sobre la muerte de diversas especies silvestres, incluyendo pudúes y otras que están en peligro de extinción. Al mismo tiempo, se ha observado un aumento en la desesperación de las familias que intentan localizar a sus animales de compañía. Iniciativas civiles, como Animales perdidos, han surgido para ayudar en esta labor, aunque ponen de manifiesto la falta de una estructura institucional sólida.
Marco Legal y Su Impacto
Para entender la situación, es esencial analizar las raíces del problema en el ordenamiento jurídico chileno. A nivel global, la mayoría de las legislaciones siguen clasificando a los animales como “propiedad”, lo que tiene implicaciones profundas en la forma en que se priorizan las necesidades durante una emergencia. Al ser vistos como bienes, los intereses básicos de los animales—como no sufrir, no ser abandonados o sobrevivir—quedan relegados en comparación con otros objetivos considerados más urgentes.
Chile no escapa a esta realidad. Aunque la Ley 20.380 reconoce a los animales como seres “vivientes y sensibles”, su enfoque ha estado más orientado a prevenir el maltrato y fomentar la tenencia responsable, sin abordar adecuadamente las crisis de gran escala. Aunque la ley de gestión del riesgo de desastres menciona la importancia de una respuesta integral, la «dimensión animal» aparece como una recomendación en lugar de un mandato con obligaciones claras y recursos asignados.
La Fauna Silvestre: Un Caso Crítico
La situación es aún más alarmante para la fauna silvestre. Los rescates son limitados y los centros de rehabilitación operan bajo presión constante. La recuperación de especies y ecosistemas dañados puede llevar años. La comparación con Australia, tras los incendios de 2019-2020, es inevitable. Allí, se promovió la integración de la protección animal en la planificación de desastres, reconociendo la importancia de incluir los intereses de los animales en las políticas públicas.
Reformas Urgentes en la Legislación
No se trata de emular modelos extranjeros, sino de reconocer que la protección animal en desastres es una cuestión que trasciende la mera compasión. La actual discusión sobre la “Ley de Incendios” (Boletín Nº 16335-14), recientemente aprobada en el Senado, pone de manifiesto que la situación de los animales no está siendo debidamente considerada en temas de prevención y mitigación.
Es necesario implementar tres reformas clave: primero, incluir la protección animal como una obligación explícita en los planes de gestión del riesgo, abarcando evacuación, transporte, albergues y atención veterinaria. Segundo, garantizar financiamiento permanente para el rescate y rehabilitación de animales, tanto domésticos como silvestres. Tercero, revisar el estatus jurídico de los animales en contextos de desastre, otorgando un contenido real a su reconocimiento como seres vivos y sensibles.
Sin estas reformas, continuaremos enfrentando respuestas improvisadas que dependen de la compasión de ciudadanos y voluntarios, pero no de un Estado preparado éticamente para garantizar la protección de todos los seres vulnerables en situaciones críticas.
