La reducción de las ratios de alumnos por aula, impulsada por el Gobierno, tendrá un impacto disproporcionado en los centros educativos públicos y, en especial, en los concertados. Esto se destaca en un informe de EsadeEcPol, publicado recientemente. Según el estudio, las instituciones que matriculan al 25% de estudiantes de clase social más acomodada recibirán un 31,2% de los fondos destinados a esta medida, mientras que aquellos que atienden al 25% más vulnerable obtendrán solo un 21,9%. La razón principal es la reducción lineal, que favorece a los centros con clases más numerosas, típicamente ubicados en áreas urbanas de mayor nivel socioeconómico.
La reforma actualmente en trámite en el Congreso establece un límite de 22 alumnos por aula en Primaria (tres menos que en la actualidad) y de 25 en la ESO (cinco menos). La enseñanza concertada, que ya cuenta con una media de 23,2 alumnos por clase en Primaria (frente a 19,9 de la pública) y 26,3 en ESO (24,1 en la pública), se beneficiará de la nueva regulación al tener proporcionalmente más aulas que desdoblar. Además, el perfil socioeconómico de las familias de estos estudiantes es significativamente más alto que el de las escuelas públicas, según datos del Informe PISA. Un estudio de Save the Children en 2024 destaca que España es el país desarrollado con mayor segregación social entre ambos sistemas educativos.
La implementación de la reducción de ratios, que se prevé que se extienda hasta 2031, requerirá una inversión mínima de 28.180 millones de euros en una década para la contratación de personal docente y mejoras en infraestructuras. Este proyecto se considera una de las reformas educativas más relevantes en los últimos años.
Sin embargo, el coste real de esta medida podría ascender a 42.920 millones de euros en diez años, según los autores del estudio, Lucas Gortazar y José Montalbán, aunque se espera que se reduzca en 14.740 millones de euros en el mismo período debido a cambios demográficos. Además, el informe se focaliza únicamente en las etapas de Primaria y ESO, aunque la ley también prevé una posible reducción de ratios en Infantil y Bachillerato, lo que aumentaría los gastos.
Para calcular estos costos, EsadeEcPol se basa en datos del Ministerio de Educación, el INE y evaluaciones internacionales. La legislación también contempla que los estudiantes con necesidades educativas especiales serán contabilizados doble a la hora de calcular las ratios, una medida que el informe considera justificada.
Un estudio anterior de Esade, presentado en marzo, concluyó que la reducción de ratios no necesariamente mejora el aprendizaje, aunque puede aumentar el bienestar del profesorado y las familias. Este hallazgo coincide con un metaanálisis de estudios internacionales publicado en 2025.
Lucas Gortazar y José Montalbán indican que, según la evidencia, los estudiantes más desfavorecidos son los que realmente se benefician de trabajar en grupos pequeños. No obstante, una disminución de ratios como la prevista podría no generar mejoras significativas en colegios de barrios acomodados en las grandes ciudades.
Alternativas a la reducción de ratios
Los autores sugieren que, en lugar de aplicar una reducción general de ratios, sería mejor centrar el esfuerzo en los centros que atienden a estudiantes más desfavorecidos, redirigiendo los fondos a medidas que han demostrado mayor efectividad en mejorar el aprendizaje. Algunas recomendaciones incluyen la implementación de «tutorías intensivas» para grupos reducidos compuestos por estudiantes vulnerables, complementos salariales para docentes en centros socioeconómicos complejos y la expansión de programas de refuerzo existentes como el PROA+.
Para ilustrar la viabilidad de estas alternativas, los autores señalan que el costo de las tutorías intensivas y la instauración del sistema de acompañamiento docente «MIR» equivaldría, en una década, al presupuesto estimado para la reducción de ratios.
El estudio también destaca que la memoria económica del proyecto de ley indica que la medida podría no aumentar los costos, ya que existen alternativas que no requieren desdoblar físicamente las aulas, como la codocencia. Sin embargo, el análisis no proporciona una cuantificación precisa de estos costos.
Se estima que, en el año más crítico para el gasto público por la reducción de ratios, en 2031, el costo podría alcanzar los 6.549 millones de euros, con 4.883 millones para la contratación de nuevos docentes y 1.666 millones para infraestructuras. Se calcula que el 65% de las nuevas aulas necesarias serían generadas aprovechando espacios existentes. El ahorro de la disminución de alumnado podría ser de 1.380 millones, llevando el costo neto a 5.169 millones ese año. Con el paso del tiempo, se anticipa que el esfuerzo presupuestario decaiga a medida que las nuevas instalaciones se completen y la bajada demográfica continúe su efecto.
