Las autoridades financieras de México han iniciado una investigación sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y su círculo cercano. Esta indagación es parte de un proceso llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, a raíz de acusaciones provenientes de Estados Unidos que vinculan a Rocha y al senador morenista Enrique Inzunza con actividades de tráfico de sustancias ilícitas junto al Cártel de Jalisco.
Según fuentes del sistema bancario y del Gobierno federal, se ha solicitado a las entidades financieras que proporcionen información relacionada con Rocha y sus colaboradores, manteniendo la confidencialidad de los nombres. A inicios de mayo, directivos de bancos activaron sus protocolos de prevención de lavado de dinero tras conocer las acusaciones. Aunque la decisión de inmovilizar cuentas depende de cada institución, no se han detectado vínculos activos con los mencionados desde entonces, aunque se continúan realizando revisiones exhaustivas. Esta medida tiene como fin filtrar y bloquear cuentas y movimientos sospechosos, en un esfuerzo por proteger a las instituciones financieras de posibles irregularidades.
La Secretaría de Hacienda, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de prevenir el lavado de activos, no ha emitido respuesta sobre las acciones tomadas contra Rocha y los demás implicados. Asimismo, la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) no ofreció información relevante al respecto, mientras que la Asociación de Bancos de México (ABM) redirigió la consulta a las autoridades competentes.
En medio de este escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada en su conferencia de prensa sobre la posible congelación de cuentas de Rocha y sus hijos, así como de otros acusados. Sin embargo, evitó dar detalles, argumentando que no contaba con la información precisa y que la UIF opera de manera autónoma en este tipo de decisiones.
Fuentes consultadas señalaron que la UIF podría enfrentar dificultades para transmitir información sobre el caso sin violar la confidencialidad bancaria de los implicados. En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a la UIF la facultad de congelar cuentas sin una orden judicial si sospechan de lavado de recursos, tanto de personas como de empresas.
Tras las acusaciones de Estados Unidos, Sheinbaum mostró un primer apoyo hacia Rocha, quien solicitó una licencia para ausentarse de su cargo mientras se desarrolla la investigación. Este viernes, se supo que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue arrestado en Arizona, lo que marca un avance en el proceso judicial por parte de las autoridades estadounidenses. Mérida es el primero de los diez acusados en ser capturado y las autoridades de EE.UU. han solicitado la detención y extradición de los involucrados, una solicitud que ha sido rechazada por el Gobierno de Sheinbaum, que argumenta la falta de pruebas y un posible intento de injerencia de la administración de Trump.
Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no aceptará solicitudes de extradición sin pruebas concretas que respalden la supuesta colusión de Rocha Moya y su red con el crimen organizado, en particular con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las acusaciones sobre Rocha Moya revelan una compleja red político-criminal, con conexiones en las oficinas de seguridad y finanzas de Sinaloa, y están ligadas a un proceso penal en EE.UU. contra “Los Chapitos”. Esta situación ha incrementado las tensiones entre Washington y Ciudad de México, donde la administración de Trump ha advertido sobre una respuesta más firme a las redes de narcotráfico, clasificándolas como una amenaza terrorista. En contraste, Sheinbaum ha asegurado que México defendió su soberanía exhaustivamente.
