La violencia contra periodistas en Veracruz sigue siendo una realidad alarmante. El 2 de enero de 2015, un comando armado irrumpió en el hogar del periodista Moisés Sánchez en Medellín de Bravo. Fue sacado a la fuerza frente a su familia y, tras 22 días de incertidumbre, su cuerpo fue encontrado. Omar Cruz, el alcalde en funciones, es considerado el principal sospechoso detrás de su fallecimiento.
Otro caso emblemático es el de Sergio Landa, quien se reunió con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz el 22 de enero de 2012. Desde ese día, sus colegas del Diario Cardel no volvieron a tener noticias de él, y continúa desaparecido.
La periodista María Elena Ferral fue víctima de un ataque por disparos en marzo de 2020. Ferral había investigado durante años casos de desapariciones forzadas y corrupción, y había denunciado amenazas sistemáticas de una red política encabezada por el exalcalde y exdiputado Basilio Picazo, quien sigue en fuga.
Una Crisis en Aumento
La violencia contra la prensa en Veracruz es sistemática. Periodistas como Regina Martínez, Noel López, Cándido Ríos, Jorge Celestino Ruiz y Jacinto Romero fueron asesinados tras haber denunciado amenazas. El número de periodistas asesinados en el estado ha aumentado, alcanzando la cifra de 34 con el reciente crimen de Roxana Guzmán. Este patrón evidencia la preocupante conexión entre el crimen organizado y las estructuras de poder en Veracruz.
Los recientes hechos subrayan la crítica situación de libertad de expresión en México, donde los periodistas enfrentan constantes riesgos y la impunidad reina en los casos de violencia.
