La liberación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sigue siendo incierta. Con la sentencia de nueve años por corrupción que le impuso un juez a punto de vencerse en abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una nueva acusación por un supuesto desvío de 10 millones de pesos del erario de Veracruz, correspondiente al periodo de su mandato entre 2010 y 2016. Este es el primer paso de una serie de cargos que la FGR planea presentar por el mal uso de recursos públicos.
La defensa de Duarte asegura que la reciente acusación es una represalia del gobierno debido a su intento de conseguir la libertad anticipada en noviembre pasado, solicitud que generó gran controversia en el ámbito político. Desde la administración federal, el pronunciamiento fue claro: la FGR está actuando en función del enorme desfalco financiero que Duarte causó en el estado veracruzano.
Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde 2017, había solicitado la libertad anticipada tras haber cumplido más del 70% de su condena. Las audiencias relacionadas con este beneficio comenzaron el 3 de noviembre y culminaron el 21 de noviembre, cuando la jueza federal Ángela Zamorano rechazó la petición argumentando que Duarte enfrenta un proceso judicial pendiente relacionado con la obstrucción de una investigación por desaparición forzada. Por esta razón, el exmandatario deberá cumplir su condena en prisión, programada para finalizar en abril de 2026.
Mientras tanto, la FGR estaba avanzando en un nuevo trámite. A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se solicitó al Gobierno de Guatemala, que extraditó a Duarte en 2017, autorización para acusarlo de un delito adicional al que motivó su entrega. Esta vez, se le acusaría de peculado por el desvío de recursos federales destinados al sector salud. Según información confirmada por diversas fuentes, el monto de esta primera acusación asciende a 10 millones de pesos, aunque se anticipa que la cifra podría incrementarse a medida que la FGR presente más casos relacionados con la malversación de recursos.
Pablo Campuzano, abogado de Duarte, reveló que la petición a Guatemala se realizó el 19 de noviembre, justo cuando se esperaba la resolución sobre la libertad anticipada del exgobernador. Guatemala respondió el 26 de noviembre, y al día siguiente, se programó una audiencia de imputación que no se llevó a cabo debido a la falta de asistencia de Duarte por motivos de salud. La nueva audiencia deberá ser reprogramada. Campuzano considera que esta acción de la FGR es un intento de frustrar la posibilidad de libertad anticipada.
Según el abogado, la acusación indica que una vez transferidos los recursos federales a Veracruz, estos fueron desviados a una «cuenta concentradora» no destinada para tal fin. Aunque Campuzano admite que el manejo inadecuado de los fondos es irregular, sostiene que no constituye un delito, argumentando que no se usaron en beneficio personal, sino para el Estado. La FGR ha incluido a otros exfuncionarios de la administración de Duarte en las acusaciones, tales como Tarek Abdalá, quien fue tesorero y actualmente colabora como testigo. La acusación específica contra Duarte se basa en un decreto que autorizó el uso de fondos federales para salarios de empleados estatales. No obstante, la defensa asegura que ese dinero nunca se utilizó efectivamente, mientras que la FGR afirmó que efectivamente ocurrió un desvío de recursos.
La gestión de Javier Duarte ha dejado uno de los déficits financieros más polémicos en el estado de Veracruz, con un gasto que asciende a 60,000 millones de pesos cuya justificación es aún ambigua. Por este motivo, Duarte se ha convertido en un símbolo de la corrupción política durante la administración del PRI bajo Enrique Peña Nieto. La actual fiscal, Ernestina Godoy, ha decidido continuar el enfoque iniciado por su antecesor, Alejandro Gertz, y se espera que se intensifiquen las acciones contra otros exgobernadores priistas implicados en casos similares.
