Frente a tres magistrados argentinos, Osmaira Nieves Oñate presentó el caso de su hermano, Luis Eduardo, quien fue asesinado en 2004 por militares del batallón La Popa del Ejército colombiano. Este crimen fue comunicado inicialmente como una baja en combate y se difundió en la prensa local. Vestida con el traje tradicional de su pueblo indígena, el wiwa, Oñate viajó desde la Sierra de Santa Marta hasta Buenos Aires, donde conmovida por la ausencia de su ser querido, solicitó a los magistrados de la Cámara de Apelaciones que no desampararan a las víctimas, señalando que en Colombia no hay garantías de justicia. «He tenido respuestas a algunas verdades, pero no justicia», declaró tras la audiencia, en la que los militares ya habían confesado el crimen ante la justicia transicional colombiana.
En la misma audiencia, Andrey Betancur y Bertina Badillo compartieron sus testimonios. Los tres familiares de las víctimas participaron en un proceso judicial en el que se evalúa la querella presentada contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, interpuesta en 2023. Los abogados defensores resaltaron que en Colombia es prácticamente imposible investigar la responsabilidad de Uribe en estos crímenes.
Un grupo de once familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos han pedido a la justicia argentina que investigue la implicación del expresidente en asesinatos de civiles durante su mandato. Se basan en el principio de jurisdicción universal, que otorga a los Estados el derecho a juzgar crímenes contra derechos humanos sin considerar la nacionalidad de los implicados, en caso de que los delitos no sean investigados en el país donde ocurrieron. Argentina ha procesado casos de violaciones de derechos humanos en otros países como Venezuela, Nicaragua y Myanmar, así como crímenes del franquismo, que han llevado a la exhumación de víctimas en España.
En agosto de 2025, los querellantes en el caso Uribe enviaron un documento al juzgado afirmando que se cumplen los criterios necesarios para procesar violaciones de derechos humanos que ocurrieron fuera de Argentina. Además, solicitaron la toma de declaraciones de las víctimas, argumentando que la justicia transicional en Colombia no puede investigar a expresidentes y que no se ha avanzado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No obstante, en octubre de ese año, el juzgado decidió archivar la causa. Esto llevó a Castex a presentar una apelación, en la cual las familias expusieron la importancia de su caso.
Betancur enfatizó la importancia de su testimonio, recordando que no se trataba de un solo homicidio, sino de más de 6,402 casos similares, lo que representa una oportunidad para lograr justicia. «Los jueces fueron receptivos y nos dieron espacio para expresarnos», afirmó. A su lado, Badillo relató el caso de su sobrino Didier Eduardo Durant Badillo, quien fue asesinado en 2007 por militares de la Cuarta Brigada de Medellín. Detalló que su sobrino fue engañado y posteriormente ejecutado, un crimen admitido por el comandante del pelotón ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá.
El abogado Castex, quien también ha representado a denunciantes de crímenes del franquismo, subrayó que la audiencia permitió a los magistrados ver el impacto humano de estos asesinatos, que han tenido lugar en diversas regiones de Colombia, sugiriendo que existía un plan sistemático detrás de ellos. Además de apelar el archivo del caso, exigieron que se llame a las víctimas a declarar formalmente, a la espera de la respuesta de los jueces.
