Acusación Constitucional Contra Nicolás Grau
El Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano, considerados las formaciones más extremas de la derecha chilena, han presentado este lunes una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este economista del Frente Amplio ocupó el cargo durante los siete meses que duró su gestión en el Gobierno de Gabriel Boric, comenzando en agosto de 2025, en reemplazo de Mario Marcel. La acusación, respaldada también por parlamentarios del Partido de la Gente, se ingresó a la Cámara de Diputados al límite del plazo legal de tres meses, lo que ha generado un ambiente de tensión dentro del oficialismo. De aprobarse, Grau no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.
Orígenes de la Acusación
La acusación se produce tras la presentación por parte del actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. Quiroz criticó a la administración anterior, señalando supuestas “inconsistencias” en las proyecciones, destacando una diferencia de más de 10.500 millones de dólares en las estimaciones de deuda pública para el período 2026-2030, así como un déficit estructural del 3,7% del PIB para 2025, que supera la meta actual del 1,6%. Tras el informe, Quiroz anunció una investigación interna para determinar responsabilidades.
Defensa de Nicolás Grau
Desde la llegada de Kast al poder, Grau se había mantenido al margen del debate público. Sin embargo, defendió sus proyecciones, argumentando que las diferencias entre el déficit y la deuda no constituyen evidencia de error. En su defensa, Grau expresó que comparar estas dos variables simplifica una relación técnica más compleja, subrayando que el déficit es un flujo anual mientras que la deuda es un stock acumulado afectado por valorizaciones de mercado.
Contenido de la Acusación
La acusación, que abarca más de 40 páginas, se basa en antecedentes técnicos del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su corrección en 2026. Se detalla en cuatro capítulos: el primero imputa a Grau la infracción del principio de probidad, el segundo la vulneración del deber de coordinación en la gestión financiera del Estado, el tercero apunta a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria y el cuarto al incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
Reacciones del Gobierno y la Oposición
El presidente José Antonio Kast defendió la acusación como un derecho constitucional, separando su tramitación de la megarreforma económica que su Gobierno ha denominado proyecto de Reconstrucción Nacional. Kast indicó que la reforma debe ser evaluada por sus méritos y no estar condicionada a otras acciones legislativas.
A pesar del respaldo del PNL y el Partido Republicano, la acusación no logró consenso dentro de la derecha tradicional. Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) señalaron que la acción fue apresurada y podría perjudicar el diálogo en el Congreso durante la negociación de la megarreforma tributaria. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), afirmó que su partido no firmará el libelo, pero lo votará a favor, señalando que existen garantías de que la acusación fue formulada de manera seria.
Opiniones de Exministros y Economistas
La acusación también ha suscitado críticas de exministros de Hacienda, quienes han advertido que esta acción podría dañar a Chile. Personajes como Manuel Marfán y Nicolás Eyzaguirre, quienes sirvieron en administraciones anteriores, firmaron una carta en la que argumentan que las discrepancias entre administraciones son comunes y que esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que se acusa a un exministro por proyecciones fiscales, lo que podría debilitar la institucionalidad económica del país.
