El Gobierno de Zacatecas ha informado sobre los avances en la investigación de la masacre ocurrida el 18 de julio en tres municipios del estado, donde perdieron la vida diez personas, entre ellas un exalcalde, dos funcionarios públicos de Fresnillo y siete empresarios. En un acto de violencia inusitada, cinco de los cuerpos fueron encontrados expuestos en un puente vehicular, un incidente que marca uno de los episodios más violentos en México en años. La Fiscalía estatal ha confirmado que ocho de las víctimas tuvieron contacto previo con sus agresores antes de ser asesinados. “Ocho de nuestras víctimas fueron citadas a una reunión. [Ellos] mantenían comunicación directa con sus agresores, siendo el primero de ellos, Fidel Alvarado de la Torre, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo”, declaró el fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya.
Las autoridades han revelado que los ocho hombres notificaron a sus familias o seres queridos antes de asistir a la reunión; esta conclusión se basa en análisis de líneas telefónicas intervenidas y entrevistas con personas cercanas. “Ellos advirtieron que iban a una reunión ‘con los señores’, así lo manifestaron la mayoría de estas ocho personas que tuvieron contacto previo antes de ser privados de la vida”, precisó Camacho Osnaya. Además, se detalló que siete de las víctimas, todos empresarios, tenían vínculos comerciales, empresariales o laborales con Fresnillo.
Un caso que ha generado particular desconcierto es el de Jesús Gerardo Muñetón Hernández, un joven bombero y enfermero del cuerpo de Protección Civil de Fresnillo. El fiscal estatal ha mencionado que su inclusión en la lista de víctimas es “circunstancial”, sin ofrecer mayores aclaraciones. Muñetón tenía cuatro años de servicio como voluntario y un año en la plantilla de seguridad, y sus compañeros han señalado que no había indicios previos de amenazas en su contra.
Además, el Gabinete de Seguridad de Zacatecas informó sobre 17 cateos realizados en diversas ubicaciones del estado, donde se incautaron armamento, drogas, equipo táctico y vehículos, así como dinero en efectivo. Estas acciones surgieron a raíz de la detención de 14 personas, entre las que se encuentran tres originarias de Durango, tres de Sinaloa y una de Zacatecas —una adolescente de 16 años detenida el 21 de julio junto a otros dos hombres—. Siete de los detenidos son considerados “de alta relevancia” para esclarecer los hechos de la masacre, según el fiscal.
La violencia en Zacatecas, bajo la administración de David Monreal, del partido Morena, ha aumentado en los últimos años, aunque las autoridades locales defienden que ha habido una “pacificación” durante los últimos cinco años, con reducción en las cifras de homicidios. Sin embargo, el estado ha sido escenario de varias masacres y descubrimientos de fosas con restos humanos, además de ser un lugar de tránsito para grupos delincuenciales.
La masacre del 18 de julio nuevamente atrajo la atención nacional e internacional, cuando varios cuerpos fueron hallados en un puente vehicular y otros en diferentes puntos de la zona. Las identidades de las víctimas, que incluyen al exalcalde de Sombrerete, Ignacio «Nacho» Castrejón, y a otros destacados empresarios y funcionarios, intensifican el clima de miedo e incertidumbre en la población.
