Descontinuación de Programas Sociales en Chile: Un Análisis del Oficio Circular N° 16
El Ministerio de Hacienda de Chile ha utilizado el término «descontinuar» para referirse a la eliminación de ciertos programas sociales, como se indica en el Oficio Circular N° 16, firmado por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026. Este término sugiere una salida del catálogo de servicios públicos no por falta de necesidad, sino por la viabilidad de su financiamiento. La elección del lenguaje es significativa, ya que evita situaciones de responsabilidad directa y presenta la decisión como una conclusión natural del ciclo de vida de los programas.
Impacto del Oficio y Clasificación de Programas
A pesar de los esfuerzos comunicacionales para suavizar el impacto del Oficio N° 16, su contenido tiene implicaciones serias y directas en el futuro de la política social en Chile. El documento, que cite la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, instruye a todos los ministerios a ajustar sus presupuestos para 2027 y la planificación financiera para 2028-2031. Este cambio es categorizado en tres grupos: sin observaciones, ajuste presupuestario de al menos 15%, y descontinuar. En total, se proponen 142 programas para ser descontinuados y 260 ajustados, con un ahorro proyectado que ronda los 6.000 millones de dólares.
Programas Específicos Afectados
La geografía de estos recortes no es al azar. En el ámbito de la educación, programas esenciales como el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB y el PACE, que apoya a estudiantes de liceos vulnerables, figuran entre los descontinuados. En el área de salud, se incluyen 24 programas, como la Prevención del Suicidio y la atención odontológica integral. Además, otros sectores como derechos humanos y seguridad también se ven afectados con la eliminación de varias iniciativas importantes.
Lecciones del Caso Argentino
La situación en Argentina ofrece un ejemplo pertinente para Chile. El Gobierno de Javier Milei celebró una reducción significativa de la pobreza, pero investigaciones posteriores revelaron que este descenso se debió a la desaparición de las herramientas para medir la pobreza, no a una mejora real en las condiciones de vida. Este fenómeno, conocido como «invisibilización institucional», es exactamente lo que el Oficio N° 16 podría activar en Chile.
Las Implicaciones de la Invisibilidad Institucional
Un programa social no solo se encarga de prestar servicios; también recopila información esencial sobre la realidad que enfrenta. Por ejemplo, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez no solo protege a niños, sino que registra su situación de riesgo. Desfinanciar estos programas no elimina los problemas, sino que convierte aquellos problemas en invisibles a los ojos del Estado. Esto lleva a una creación de datos insuficientes que alimentan la idea de que los problemas están sobredimensionados.
La Pregunta Crítica sobre el Gasto Público
El debate acerca del ajuste del gasto público es legítimo y necesario. Sin embargo, el Oficio N° 16 plantea una cuestión más profunda: ¿hasta qué punto puede un Estado disminuir su capacidad de autoevaluarse antes de perder toda comprensión sobre la realidad de su población? En el ámbito estatal, lo que se descontinúa no es un simple producto; se trata de la visibilidad y el reconocimiento de los derechos de ciertos ciudadanos. Cuando estas condiciones dejan de ser visibles, la vulnerabilidad persiste, pero el Estado pierde la obligación de intervenir.
