Descubren rastros del horror en [lugar]: el misterio se intensifica

“Caminar el inmueble es sentir el terror de Estado vivo y en carne propia”, expresa Jorge Freytter al relatar sus primeras impresiones al ingresar a La Bodega. Este lugar se asocia con la tortura y el asesinato de su padre, Jorge Adolfo Freytter Romero, un profesor de la Universidad del Atlántico, que fue llevado allí en agosto de 2001. Hasta ahora, la investigación ha identificado al menos a otras siete personas que habrían sufrido tratos inhumanos en este predio a manos de estructuras paramilitares. La visita reveló nuevos elementos que amplían la evidencia de la colaboración entre el paramilitarismo, terceros civiles y miembros de la fuerza pública en la región Caribe.

Los investigadores han encontrado estructuras subterráneas que conectan el inmueble con áreas adyacentes, utilizando estas como rutas de escape y resguardo. Aunque este hallazgo es novedoso para La Bodega, no es inédito en la historia de los centros de tortura en Colombia, donde se han adaptado diversos espacios para prácticas criminales, como estaciones de policía y guarniciones militares.

Dentro del predio, también fueron localizados documentos como pasaportes, cheques bancarios, libretas contables, placas de vehículos y mobiliario asociado con el Bloque Norte. Estos hallazgos no solo amplían la función del predio más allá de ser un simple centro de retención y tortura, sino que también aportan prueba adicional de una infraestructura organizada que combinaba control territorial, soporte logístico y gestión financiera. Aunque esta estructura ha sido parcialmente documentada, queda mucho por esclarecer.

La relevancia de estos hallazgos trasciende la memoria testimonial. Las evidencias de estructuras subterráneas, registros financieros y la posible existencia de restos humanos exigen una intervención inmediata y exhaustiva. Han pasado más de dos décadas desde el asesinato del profesor Freytter, calificado como un crimen de lesa humanidad, y la falta de una intervención forense integral en el predio pone de manifiesto la inoperancia institucional y la impunidad dura, presente en el lugar.

En 2025, la Asociación Freytter presentó un informe que corroboró el uso de La Bodega como un centro clandestino de detención, señalando la implicación de miembros del GAULA en el secuestro, custodia y el posterior abandono del cuerpo de Freytter. La Comisión de la Verdad determinó que en múltiples casos en la región Caribe, las estructuras paramilitares actuaron con el apoyo estatal.

La preservación del inmueble es crucial. La solicitud de medidas cautelares busca evitar la alteración del lugar mientras se investiga la posible presencia de restos humanos. La aplicación del Protocolo de Minnesota y del Protocolo de Estambul es fundamental para documentar torturas y examinar posibles muertes ilícitas. La falta de acción en cumplimiento de estos estándares sería una omisión grave que restringe la posibilidad de esclarecer estos eventos.

La situación en La Bodega plantea interrogantes más amplias sobre cuántos otros lugares de retención y tortura permanecen sin intervención adecuada en Colombia. La lucha de Jorge por la paz y la reconciliación no puede medirse solo en declaraciones, sino en acciones concretas en espacios como este. La evidencia contable del paramilitarismo presente en el lugar resalta la necesidad de desmantelar las estructuras que permitieron tales actos.

La responsabilidad en la falta de intervención también recae en el sistema de justicia transicional. Identificar y preservar espacios donde ocurrieron violaciones graves de derechos humanos no es solo simbólico: es esencial para garantizar la verdad y la justicia. La historia del paramilitarismo en la región Caribe no es aislada; dejó huellas profundas que aún persisten en el territorio.

La historia del paramilitarismo en la región Caribe necesita ser reconocida y enfrentada. Si lugares como La Bodega continúan en la oscuridad, la capacidad institucional para desarticular las estructuras paramilitares y responder a las demandas de justicia seguirá siendo cuestionada.

Más de dos décadas han pasado, y la infraestructura del terror permanece intacta, aun sin el esclarecimiento y desmantelamiento necesario de los patrones de violencia. La tarea sigue pendiente en la región Caribe.