La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha alertado sobre el impacto negativo del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros en México. Este incremento ha impulsado el mercado informal, favoreciendo el contrabando y perjudicando a los comercios legales. Según la organización, la nueva tarifa ha elevado el precio de las cajetillas de cigarros legales a más de 100 pesos, con incrementos de entre 15 y 22 pesos, mientras que los cigarros de contrabando se venden a aproximadamente 75 pesos por cajetilla.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, indica que actualmente 3 de cada 10 cigarros vendidos en México son ilegales. “Esta política fiscal ha enriquecido a los cárteles que operan con amplios márgenes y prácticamente sin restricciones”, comentó. La venta ilegal se ha vuelto evidente en lugares de alta afluencia como estaciones de metro y paraderos de transporte público.
Riesgos del comercio informal
Además de afectar al comercio formal y a la recaudación fiscal, los cigarros de contrabando representan un serio riesgo para la salud pública, ya que se venden sin los controles de calidad pertinentes. Este acceso fácil también ha incentivado el consumo entre menores de edad. Ante esta situación, el Gobierno mexicano ha implementado nuevas medidas fiscales desde el 1 de enero, destinadas a regular el mercado, verificando la legalidad de las cajetillas y tratando la venta o posesión de productos ilegales como contrabando.
Sin embargo, Anpec advirtió que estas regulaciones podrían perjudicar a los comerciantes legítimos que no se percaten de que sus productos son ilegales. “Las sanciones no solo afectan al importador o fabricante, sino también a los pequeños comerciantes que, al no poder comprobar la legalidad de los cigarros, pueden enfrentar severas consecuencias”, expresó la organización.
Las sanciones por vender productos ilegales pueden incluir penas de hasta nueve años de prisión y multas que alcanzan el 150% de las contribuciones no pagadas, incluyendo el IEPS. Estas sanciones no solo aplican a los productores ilegales, sino también a comerciantes y a cualquier persona que posea cigarros cuya legalidad no pueda ser probada.
La Anpec hace un llamado a los pequeños comerciantes del país para que adquieran cigarros únicamente de distribuidores formales, revisen minuciosamente cada cajetilla y conserven la documentación que verifique la legalidad de los productos.
