Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Chile, defiende la estimación de la deuda pública para el periodo 2026-2030, realizada durante su gestión. Su sucesor, Jorge Quiroz, ajustó esta cifra en aproximadamente 10.500 millones de dólares, atribuyendo dichos cambios a presuntos “errores” e “inconsistencias” en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, presentado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En respuesta a estos ajustes, Grau sostuvo en su cuenta de X que “la proyección es consistente y no tiene errores de cálculos”. Este debate refleja la tensión en la gestión financiera del Gobierno de Gabriel Boric, marcado por diferencias en la evaluación y planificación del gasto público para los próximos años.
La revisión de las proyecciones de deuda tiene implicaciones significativas en el actuar del Estado chileno, especialmente en áreas como la inversión pública y el financiamiento de programas sociales. Los sectores económicos y políticos están atentos a las repercusiones de estos ajustes, que podrían afectar la confianza en la estabilidad fiscal del país.
Este análisis de la deuda pública es fundamental para entender el contexto económico de Chile a corto y mediano plazo, y el manejo de las finanzas públicas se convierte en un tema central en las discusiones sobre el futuro del país.
