Después de varios días sin ser visto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación iniciada en México. Esta indagatoria surge tras las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que vinculan al político y a miembros de su equipo con actividades relacionadas con el narcotráfico. El gobernador, perteneciente al partido Morena, ha estado en el centro de la atención pública desde que se hicieron públicos los señalamientos. En respuesta a la situación, solicitó una licencia para ausentarse de su cargo y adoptó un perfil bajo durante este tiempo.
En la misma jornada, también comparecieron el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra. Ambos fueron citados como testigos ante la delegación de la FGR en Culiacán. Las acusaciones en su contra, provenientes de Estados Unidos, incluyen asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para la posesión de este tipo de armamento.
El contexto de estas revelaciones resalta la creciente atención hacia la lucha contra el narcotráfico en México y las interacciones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en este tema sensible.
