Solicitud de nulidad para la condena de Álvaro García Ortiz
La Abogacía del Estado, en defensa del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, solicitará al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le impuso dos años de inhabilitación, una multa de 7,200 euros y una indemnización de 10,000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta condena se basa en un delito de revelación de secretos, tras la filtración de un correo relacionado con dos delitos fiscales en los que estaba involucrado González Amador. Este movimiento es el último paso antes de recurrir al Tribunal Constitucional, ya que García Ortiz considera que la sentencia ha vulnerado sus derechos fundamentales.
Detalles del incidente de nulidad
La Abogacía del Estado registrará el incidente de nulidad antes del martes 13 de enero, fecha límite para la impugnación. Además, se presentará otro escrito para reclamar la suspensión de la ejecución de la sentencia. La Sala de lo Penal dictó sentencia con cinco votos a favor y dos en contra, argumentando que “un fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”. Según el Tribunal, García Ortiz permitió que el contenido de un correo enviado por el abogado de González Amador se difundiera a través del programa Hora 25 de la Cadena SER.
Implicaciones de la condena
La sentencia incluyó la difusión de una nota de prensa en el califiado como hecho delictivo. La Fiscalía, al presentar el incidente de nulidad, ha acusado al Tribunal Supremo de «desdoblar» la acusación contra García Ortiz. Durante el juicio, se amplió la imputación inicial, lo que, según la Fiscalía, “trastoca de modo radical el objeto del proceso”.
La condena considera que García Ortiz tenía un deber de reserva como funcionario público. Sin embargo, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde argumenta que esta interpretación extiende indebidamente la aplicación del tipo delictivo, señalando que una vez que un secreto ha sido divulgado, deja de serlo. La opción de nulidad es la única vía para modificar la sentencia del Supremo, que ya es firme.
Regreso a la Fiscalía
García Ortiz se reincorpora a la carrera fiscal en el Tribunal Supremo, donde ha solicitado ser adscrito a la Sección Social. Después de su renuncia el 24 de noviembre, el Gobierno nombró a Teresa Peramato como su sucesora. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, eligiendo una sección que se caracteriza por menos atención mediática.
Algunas fuentes jurídicas han expresado dudas sobre el alcance del fallo, dado que el Reglamento de la carrera fiscal plantea que una condena por un delito doloso puede resultar en la pérdida de la condición profesional. Sin embargo, se establece que el fiscal general tiene la facultad de sustituir esta pérdida por una sanción de suspensión si la pena no excede los seis meses.
