Noveno Aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia: Un Recuerdo Ausente
Recientemente, Colombia conmemoró el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. La celebración fue, sin embargo, notablemente deslucida. El presidente Gustavo Petro, quien no ha involucrado a los líderes de las FARC en su administración, no organizó ningún acto oficial en el Palacio de Nariño. La conmemoración fue manejada por la desarticulada oficina responsable de la implementación del acuerdo, que ha sido desmantelada durante su gobierno a pesar de que Petro asumió el poder con la promesa de implementarlo.
Un Discurso Desconectado
Durante el evento, Petro participó casi como un panelista. Ante la escasa presencia del cuerpo diplomático—solo cinco embajadores asistieron—ofreció un discurso desorganizado y lleno de divagaciones. Mencionó temas variados como la conexión entre inequidad social y violencia, el narcotráfico, el racismo en Colombia y la falta de infraestructuras, al mismo tiempo que se autodenominó el «centro geométrico» del mundo por la ubicación estratégica del país.
La Paz Como Un Mueble Aparatoso
En su discurso, el presidente no solo minimizó el acuerdo de paz, sino que también lo relegó en su agenda gubernamental. Desde su llegada al poder, consideró el acuerdo como incompleto y no incluyente, lo que lo llevó a promover su estrategia de “Paz Total”. Sin embargo, su enfoque ha sido criticado por carecer de resultados.
Petro había prometido dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad que clarificó el conflicto armado, pero este compromiso quedó en el olvido. En un momento de necesidad de recursos, redujo el presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar a responsables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto.
Desafíos en la Implementación
A pesar de las críticas durante el gobierno de Iván Duque, que intentó desmantelar la JEP, Petro ha optado por relegarla a un segundo plano. A lo largo de su administración, la JEP ha estado en la mira de diversas críticas por su limitada capacidad para contribuir a la verdad judicial en Colombia. Este tribunal ha sido clave en los primeros encuentros públicos entre víctimas y perpetradores, situaciones que han dejado una profunda huella en el país.
El presidente ha minimizado la importancia de estos avances y ha culpado a las élites rurales por la falta de progreso en la reforma agraria. Sin embargo, su responsabilidad en el estancamiento es significativa. En 2018, el Estado colombiano se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas al fondo de tierras, pero este prometido cumplimiento nunca se materializó.
Territorios Olvidados y Nuevas Violencias
La transformación de las regiones anteriormente dominadas por las FARC ha sido otro de los temas en deuda. En lugar de mejorar las condiciones de vida, el vacío dejado ha sido llenado por nuevos grupos criminales. A pesar de las promesas de Petro para implementar un plan de desarrollo enfocado en estos territorios, la realidad ha mostrado un progresivo retroceso en las condiciones de seguridad y una alarmante cifra de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.
Desde la firma del acuerdo, más de 460 firmantes de paz han sido asesinados, y aproximadamente 110 de estos crímenes han ocurrido durante el gobierno de Petro, quien en su discurso de conmemoración no mencionó a las familias de los caídos ni a los excombatientes comprometidos con la paz.
Un Futuro Incierto para los Excombatientes
Aunque el 85% de los excombatientes continúan lejos del conflicto, el presidente ha ignorado su proceso de reintegración. También ha pasado por alto que muchos de los asesinatos han sido perpetrados por disidencias de las FARC, que deslegitiman el acuerdo de paz y consideran traidores a aquellos que optaron por desmovilizarse.
A pesar de los tropiezos, la desmovilización de las FARC permitió que Gustavo Petro llegara al poder. El reconocimiento de los acuerdos parece haberse desvanecido bajo la sombra de un liderazgo que olvida su propio pasado revolucionario.
