El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha iniciado una reforma anticorrupción que será discutida en el próximo periodo del Congreso a partir de septiembre. Este martes, la mandataria firmó un decreto que endurece las reglas de transparencia para toda la Administración pública, marcando el inicio de un ambicioso paquete legislativo diseñado para reconfigurar el combate a la corrupción tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Objetivos de la Reforma Anticorrupción
El Gobierno busca desmontar el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reestructurar el esquema de auditorías y fiscalización, y fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el desvío de recursos. La reforma se centrará en el combate al huachicol fiscal y las redes de facturación falsa, mostrando un enfoque claro en la transparencia y la responsabilidad pública.
Cambios en la Publicación de Información Pública
El decreto firmado por Sheinbaum establece que la información pública no estará sujeta al criterio discrecional de los funcionarios. Las dependencias federales deberán cumplir con la obligación de publicar datos, con reglas específicas sobre qué se debe hacer público y bajo excepciones limitadas a razones de interés público o de seguridad nacional. Esta medida busca responder a las críticas surgidas tras la extinción del INAI, que advertían que la concentración de funciones de transparencia podría resultar en menor acceso a la información pública.
Defensa de la Extinción del INAI
Claudia Sheinbaum defendió la eliminación del organismo autónomo, argumentando que representaba un gasto anual superior a los 1,000 millones de pesos y acumulaba escándalos de corrupción. También mencionó que la Plataforma Nacional de Transparencia, creada hace más de ocho años, a menudo presentaba fallos.
Implementación del Nuevo Marco de Transparencia
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, es la encargada de desarrollar esta reingeniería junto a expertos y legisladores. Se anunciaron nuevas herramientas para estabilizar y facilitar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, mejorando la descarga y el análisis masivo de información.
Medidas Específicas del Decreto
El decreto exige la publicación de información de alto interés público, que anteriormente no se encontraba en las obligaciones de transparencia. El primer frente se centrará en la contratación pública, donde se actualizarán mensualmente todos los contratos del Gobierno federal.
El segundo eje abarca a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, instituciones que han sido criticadas por su falta de transparencia. El Ejecutivo ordenará la publicación de estados financieros, la estructura de gobierno corporativo, políticas de operación, informes enviados a autoridades extranjeras y contratos de las filiales de ambas entidades.
Auditorías y Fiscalización
La tercera línea se enfocará en auditorías y fiscalización. La Secretaría Anticorrupción difundirá programas anuales de auditoría y estadísticas sobre el seguimiento de observaciones. Además, se invitará a estados, municipios y otros poderes públicos a adoptar el mismo estándar de “máxima publicidad” en la apertura de datos.
Cambio en la Clasificación de Información Reservada
También se anticipa un cambio fundamental en la clasificación de información reservada. Las categorías actuales se simplificarán, restringiendo las excepciones a intereses públicos y de seguridad nacional. La instrucción será priorizar la elaboración de versiones públicas en lugar de reservar documentos por completo.
Próximas Pasos y Proyecciones
Este decreto es solo el avance inicial de un marco más amplio que la Administración de Sheinbaum comenzó a desarrollar desde que asumió el poder. La mandataria ha confirmado que este contenido se integrará en la nueva Ley General de Transparencia, que también formará parte del paquete legislativo presentado en septiembre. Este conjunto de reformas se perfila como un pilar fundamental en el combate a la corrupción y la mejora de la fiscalización pública.
