Ecuador ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido para resolver la guerra comercial que mantiene con Colombia. A pocas horas de que se venciera el plazo de 10 días que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) asignó para eliminar los aranceles bilaterales, el gobierno del presidente Daniel Noboa presentó diversos recursos legales que prolongarán el conflicto. Según medios locales, dos recursos de reconsideración y dos acciones de nulidad están actualmente vigentes, lo que podría llevar más de dos años para ser resuelto y mantiene activos los gravámenes sobre productos colombianos.
Óscar Calahorrano, representante de la Federación Nacional de la Cadena Productiva del Aceite de Palma (Propalma), advirtió que la situación reafirma los peores temores de los empresarios. “La confianza no se recupera de la noche a la mañana, como tampoco se reemplaza un mercado natural construido durante décadas,” declaró. Este conflicto impacta especialmente en el mercado del aceite de palma, un sector crucial para Ecuador que exporta cerca del 50% de su producción a Colombia.
Desde el inicio de la guerra comercial, los envíos de productos colombianos a Ecuador han caído drásticamente. Según estadísticas de la firma de inteligencia comercial CVN, entre diciembre y abril, 559 empresas colombianas se vieron obligadas a cesar sus exportaciones a Ecuador, representando más de la mitad de las compañías que operaban en diciembre. La situación es crítica en el puente de Rumichaca, el principal punto de cruce entre las provincias ecuatorianas de Carchi y el departamento colombiano de Nariño, donde el tráfico de camiones ha descendido de más de 300 a menos de 20 diarios.
A partir del anuncio de Ecuador de elevar los aranceles al 100% en mayo, muchos exportadores en ambos países se apresuraron a despachar mercancías antes de que la medida entrara en vigencia, provocando una escasez de camiones y un aumento temporal de precios. A pesar de que el presidente Noboa ha reducido el arancel al 75% y los precios de los fletes han comenzado a normalizarse, la cantidad de viajes ha disminuido en más de un 50%. Colombia, por su parte, recaudó 11.396 millones de pesos (aproximadamente 3,1 millones de dólares) en aranceles sobre productos ecuatorianos entre el 24 de febrero y el 30 de abril, según la DIAN.
En respuesta a la crisis, las oficinas de asesoría comercial en Bogotá han recibido numerosas consultas. Según Nicole Velásquez, gerente senior de comercio exterior en EY Colombia, muchas empresas se preguntan cómo recuperar el dinero que ya pagaron en aranceles. La incertidumbre ha generado desconcierto entre los clientes, quienes no esperaban una situación tan adversa en una relación comercial histórica con Ecuador.
Para enfrentar la crisis, algunas empresas han optado por compartir el costo de los aranceles con sus clientes ecuatorianos o han buscado realizar operaciones a través de Perú, miembro de la misma comunidad comercial. Guillermo Carvajal, gerente de asuntos corporativos de Riopaila Castilla, mencionó que han trasladado volúmenes asignados a Ecuador a otros mercados en Suramérica y Estados Unidos debido a los altos costos generados por los aranceles. Sin embargo, la posibilidad de retomar exportaciones bajo condiciones de arancel cero parece lejana en el mediano plazo.
Algunas empresas no han podido adaptarse a la nueva realidad. Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señaló que cerca del 30% de los contratos han sido pospuestos o cancelados, con compradores colombianos que han comenzado a buscar proveedores en otros países de Latinoamérica y Asia. La guerra comercial ha trascendido lo arancelario, generando un ambiente de incertidumbre que afecta la cadena de suministro internacional.
Mientras Ecuador mantiene su postura, Colombia se encuentra a la espera de acciones concretas tras la decisión de Noboa. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, había expresado que Colombia estaba dispuesta a acatar las resoluciones de la CAN. Sin embargo, tras el portazo ecuatoriano, la situación se torna más compleja.
El conflicto ha derivado en posibles litigios por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la CAN. Daniel Gómez González, socio de Ocampo Gómez Abogados, explicó que cualquier país, incluida la Secretaría General del organismo, puede presentar estas demandas. La jurisprudencia ha mostrado que las crisis internas no justifican cambios unilaterales en las condiciones de comercio, como lo evidencian casos previos entre los países de la comunidad.
Los datos económicos reflejan el impacto de la guerra comercial: entre febrero y marzo, las exportaciones colombianas a Ecuador cayeron un 46% en comparación con el año anterior, pasando de 318 millones a 172 millones de dólares. Los sectores más afectados incluyen combustibles, equipos eléctricos, plásticos y maquinaria, siendo Antioquia, conocida como el motor manufacturero de Colombia, quien lidera las pérdidas con una caída del 60,2% en sus exportaciones.
La interconexión del comercio bilateral ha amplificado el efecto en las regiones afectadas, como Nariño, donde alrededor del 70% de la actividad logística ha desaparecido, afectando a 2.800 empleos directos. A medida que las autoridades evaluan sus próximas acciones, el impacto de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia continúa evidenciándose en el entorno empresarial y social de ambos países.
