Proyecto de Ley sobre Ingreso Irregular en Chile: Un Análisis Crítico
El proyecto de ley que tipifica nuevamente como delito el ingreso clandestino a Chile ha generado un intenso debate en el Senado. La cuestión central no es solo el control de fronteras, sino si esta legislación se basa en evidencia concreta o si responde a impulsos punitivos que, aunque simbólicos, no abordan el problema de fondo y, posiblemente, lo agravan.
Historial de la Legislación sobre Ingreso Irregular
Chile vivió una experiencia reciente con el Decreto Ley 1094, que hasta 2021 penalizaba el ingreso irregular al país. Curiosamente, ese mismo año se registró el mayor número de ingresos irregulares en la historia reciente. Desde la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que establece un régimen administrativo, los ingresos irregulares han disminuido significativamente, alcanzando una reducción del 50% entre 2022 y 2025.
La Eficacia de la Penalización
La evidencia sugiere que la penalización no disuadió el ingreso irregular mientras estuvo en vigor, y la reducción de estos ingresos se produjo tras su eliminación. Es crucial reconocer que el aumento o disminución de la irregularidad migratoria no se puede atribuir únicamente a cambios legislativos, sino que otros factores deben considerarse para abordar esta problemática.
Deficiencias del Proyecto Actual
El nuevo proyecto de ley se limita a convertir el ingreso por pasos no habilitados y la elusión del control migratorio en delitos penales, alterando además las normas de prisión preventiva. Esto implica una transformación de infracciones administrativas en delitos sin modificar la naturaleza de las conductas, diluyendo así el principio de última ratio y difuminando la línea entre sanciones administrativas y penales.
Implicaciones Procesales y Constitucionales
El endurecimiento selectivo del proceso penal, que genera mayores restricciones de libertad y un sistema penal diferenciado según la condición migratoria del imputado, desestabiliza la unidad del sistema procesal penal y se dirige peligrosamente hacia un derecho penal de autor. En América Latina, existe un consenso amplio sobre que el ingreso irregular debe ser confrontado con medidas administrativas, reservando el uso del derecho penal para situaciones graves, como la trata y el tráfico de personas.
Costo Económico y Efectividad
En un escenario fiscal restringido, donde los desafíos relacionados con la persecución criminal son complejos, la inclusión de la criminalización del ingreso irregular podría agregar una carga significativa al sistema judicial sin resolver el problema de fondo. La aprobación del proyecto en su estado actual podría implicar un costo fiscal de decenas de miles de millones al año, sin contribuir a una reducción efectiva de la irregularidad migratoria ni a la mejora en los procesos de expulsión.
Retos Constitucionales y Obligaciones Internacionales
El proyecto también enfrenta problemas potenciales de constitucionalidad y podría representar un retroceso en cuanto al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
A pesar de los desafíos, todavía hay oportunidad para reformular el enfoque. La implementación de políticas públicas serias y responsables podría ser una vía más efectiva para abordar la complejidad de la migración en Chile.
