El Cierre de la Promesa de Paz Urbana del Gobierno Petro
La prometida paz urbana por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que buscaba incluir a grupos criminales, se encuentra en una etapa crítica sin resultados definitivos. La administración impulsó cuatro mesas de diálogo en ciudades como Quibdó, Buenaventura, Barranquilla e Itagüí, pero no ha logrado traducir estos acercamientos en acuerdos duraderos ni en una reducción sostenida de la violencia.
Mesas de Diálogo sin Avances
A lo largo de más de tres años desde el inicio de los contactos, el Ejecutivo no ha establecido un marco legal que incentive a los grupos delictivos a abandonar sus actividades ilícitas. Actualmente, dos de estas mesas están suspendidas indefinidamente, y en ninguna se habla de un proceso de desarme o desmantelamiento efectivo de las estructuras ilegales.
La reciente suspensión del diálogo en la cárcel de Itagüí, tras la revelación de que varios líderes criminales estuvieron involucrados en una fiesta ilegal dentro del penal, ilustra la fragilidad de estos procesos. Esta mesa, que fue creada en 2023, ya enfrentaba dificultades debido a la intermitencia de la participación de sus voceros y a la incongruencia en la suspensión de órdenes de captura para los líderes criminales.
Desafíos en las Mesas Actuales
En Buenaventura, se está llevando a cabo un diálogo con las bandas Shottas y Espartanos, aunque la situación está en suspenso tras la captura de dos de sus cabecillas. En Quibdó, las conversaciones con Los Mexicanos han mostrado pocos avances, mientras que en Barranquilla, con Los Costeños y Los Pepes, la tregua es inestable.
Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, señala que los grupos criminales han aprovechado los vacíos jurídicos derivados de la suspensión temporal de sus órdenes de captura para continuar delinquiendo. A pesar de que en Barranquilla ha habido una disminución de los homicidios, la violencia se ha desplazado hacia áreas cercanas. Daza enfatiza que si el Gobierno no ofrece incentivos claros para dejar la criminalidad, la situación seguirá igual.
Resultados en Buenaventura
En Buenaventura, uno de los principales enfoques del Gobierno, se logró una tregua entre grupos criminales en 2022, lo que permitió que no se registraran homicidios durante 90 días consecutivos. Sin embargo, críticos como Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, indican que estas treguas se han roto repetidamente debido a la falta de propuestas claras por parte del Estado.
Además, la ausencia de mecanismos de verificación para medir la efectividad de estos diálogos ha dificultado el seguimiento de sus impactos. En Buenaventura, a pesar de disminuir el crimen, la extorsión ha persistido e incluso se ha intensificado durante estas mesas de diálogo.
Impacto de Grupos Armados y Desarticulación Institucional
La situación se complica en regiones como Chocó y Antioquia, donde la influencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la mayor estructura criminal del país, ha afectado los esfuerzos de paz. Según Daza, no se ha dimensionado adecuadamente el impacto de estos grupos armados en las bandas urbanas. Esta problemática также se extiende al Valle de Aburrá, donde se lleva a cabo el diálogo en la cárcel de Itagüí.
Además, la falta de coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales ha mermado la efectividad de las treguas. En momentos de disminución de homicidios, como en Buenaventura y Barranquilla, no se tradujo en intervenciones institucionales sostenidas, lo que debilitó las oportunidades de consolidación de la paz.
Incertidumbre a Pocos Meses del Cambio de Gobierno
A cuatro meses de finalizar el mandato de Gustavo Petro, los resultados de la apuesta por la paz urbana son inciertos. El próximo gobierno heredará un panorama complejo, con procesos fragmentados y sin una hoja de ruta clara que permita retomar o reformular esta política ambiciosa que se propuso abrir nuevos caminos hacia la paz.
