Desvíos en la compra de medicamentos en México: 9,500 millones de pesos en contratos irregulares
La sanidad pública de México ha destinado aproximadamente 9,500 millones de pesos (equivalentes a unos 450 millones de dólares) a la compra de fármacos de distribuidores irregulares entre 2021 y la fecha actual. Esta cifra se desglosa en alrededor de mil contratos firmados con una veintena de estados y grandes instituciones del sector salud. No obstante, muchas de estas empresas han sido identificadas por sus incumplimientos de las normativas sanitarias y administrativas, vendiendo productos a hospitales públicos. Según múltiples fuentes del ámbito farmacéutico, los cambios en los sistemas de adquisición de medicamentos desde 2018 han facilitado estas compras de emergencia, favoreciendo la llegada de distribuidores irregulares.
Contratos y distribuidoras en la mira
Desde 2021 hasta 2025, numerosos distribuidores de medicamentos, que posteriormente fueron sancionados por irregularidades, han inyectado sus productos en el sector público de salud. El análisis de los contratos otorga una visión clara: estos distribuidores figuran en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, creado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la entidad encargada de regular y supervisar los productos y servicios de salud en México. A pesar de solicitar detalles a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, no se han recibido respuestas hasta la edición de este artículo.
Ethomedical y su dominancia en contratos
La empresa Ethomedical lideró el mercado, con cerca de 8,000 millones de pesos en contratos en 2021 y 2022, a pesar de ser señalada por irregularidades graves y encontrarse suspendida. Esta compañía logró la mayoría de sus contratos por adjudicación directa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ethomedical ha sido relacionada con Aldo Díaz Pérez, asociado al yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha desmentido conocer a dicho individuo. Curiosamente, la página web de Ethomedical carece de información de contacto.
Incremento del mercado de medicamentos falsificados
Un análisis interno de la Cofepris revela que México se posiciona entre los seis principales países en venta y distribución de medicamentos falsificados a nivel global. Desde 2018, el mercado de fármacos clandestinos ha crecido cinco veces, coincidiendo con las crisis de desabastecimiento en el sector salud, lo que sugiere la existencia de un ecosistema criminal que opera en la importación, fabricación y distribución de medicinas en el ámbito público.
Empresas sobresalientes y montos de contratos
De las 28 empresas que figuran en la lista de distribuidores irregulares, destacan varios nombres y los montos que han manejado. Por ejemplo, Santek Health ha logrado 391 millones de pesos y se encuentra bajo investigación por sospechas de manejar medicamentos falsificados en un hospital de Yucatán. Hima Promotions acumula 319 millones en 55 contratos con el IMSS, mientras que Industrias Danjur reporta 194 millones de pesos. Entre los individuos, Alan Jair de la Peña Rodríguez destaca con 120 millones de pesos en 90 contratos, habiendo obtenido adjudicaciones directas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de haber sido marcado como distribuidor irregular.
Respuestas y justificaciones
Tras contactar a estas empresas para que compartieran su versión, solo Alan Jair de la Peña Rodríguez respondió, alegando que su inclusión en el listado se debió a un cambio de domicilio que impidió una verificación adecuada, y no a incumplimientos sanitarios. Aseguró que ya se había completado la verificación y solicitó formalmente su eliminación de la lista en mayo de 2023.
Cambios en la adquisición de medicamentos
Las transformaciones en el sistema de compra de medicamentos desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han facilitado el surgimiento de estos distribuidores irregulares. Desde 2019, diversas instancias, incluyendo la Secretaría de Hacienda, organismos de la ONU y el Instituto de Salud para el Bienestar, han tomado el control de las adquisiciones, generando un ambiente que ha contribuido al desabastecimiento de medicamentos. Estas modificaciones han fomentado adjudicaciones directas y aprobaciones de compras de emergencia con controles más débiles.
