María Filomena Bonilla Oliva, de 61 años, enfrenta dificultades para caminar sin la asistencia de un bastón o de un acompañante. Reside sola en su hogar en San José de Gracia, una comunidad situada a aproximadamente 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, se confirmó que su organismo contenía seis metales pesados, un diagnóstico que llegó demasiado tarde para su esposo, quien falleció cuatro meses antes de recibir el informe.
Ambos son parte de los numerosos habitantes de la cuenca del río Sonora que han sufrido las consecuencias del vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, ocurrido el 6 de agosto de 2014, a causa de la minera Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México. Este derrame afectó gravemente las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando un rastro de crisis en la salud de los afectados y un ambiente de impunidad.
Impacto en la comunidad
Desde el desastre, han transcurrido casi 12 años de desamparo institucional, durante los cuales cientos de víctimas no han recibido la atención necesaria. La impunidad persiste en un caso donde la empresa continúa operando como si nada hubiera sucedido, a pesar de la inacción de los gobiernos que han pasado por la región.
El caso de Bonilla Oliva y su esposo es solo uno de los muchos testimonios de los efectos nocivos del derrame. La falta de medidas adecuadas para remediar la situación ha generado un profundo malestar entre los afectados, quienes exigen justicia y atención médica especializada para mitigar los daños causados por este desastre ambiental.
Dada la seriedad de la situación, es imperativo que se reconozcan las responsabilidades y se implementen acciones efectivas para proteger a la comunidad y restaurar el ecosistema de la cuenca del río Sonora.
