En el año 2015, durante una ceremonia de ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas Militares y de Policía, los ministros de Defensa y de Justicia, en presencia de la cúpula militar y del presidente de la República, firmaron un compromiso público. Este acuerdo buscaba garantizar que los miembros de las Fuerzas Armadas también estuvieran incluidos en el marco de la justicia transicional.
La preocupación principal de los funcionarios era que los beneficios legales otorgados a los guerrilleros que decidieron desarmarse, como las amnistías, fueran implementados de manera eficaz. Al mismo tiempo, existía el temor de que las renuncias a la persecución penal y las sanciones restaurativas para los militares pudieran ser interpretadas como amnistías encubiertas. Esta interpretación podría resultar en conflictos con el derecho internacional en diferentes instancias, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Este compromiso refleja las complejidades de la justicia transicional en un contexto de postconflicto, donde es crucial encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la reconciliación, no solo para los guerrilleros, sino también para los militares implicados.
