El expresidente Gustavo Petro ha solicitado autorización al Senado de Colombia para salir del país durante todo un año tras el término de su mandato. En una carta enviada a la mesa directiva del Senado el 10 de agosto, Petro argumenta que necesita atender compromisos de carácter personal, social, político y académico. La solicitud será discutida en la próxima plenaria del Senado, cuya sesión inicial fue cancelada debido a un fuerte terremoto que afectó a la región occidental del país, dejando cientos de víctimas.
De acuerdo al artículo 196 de la Constitución de Colombia, cualquier presidente, así como aquellos que han dejado el cargo, deben solicitar permiso al Senado antes de salir del país: “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Esta norma se establece con el fin de garantizar una vigilancia especial sobre las acciones realizadas durante el ejercicio del cargo, según explica Luis Fernando Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
Los detractores de Petro han solicitado al Senado que no autorice su salida. Por ejemplo, Andrés Pastrana, expresidente conservador, instó a la cámara a negar la solicitud, argumentando que Petro debe responder por los «escándalos de su elección y la corrupción» relacionada con él y su gobierno.
La petición de Petro sorprende en medio de su reciente aceptación del papel de jefe de la oposición al liderar su partido, el Pacto Histórico, que es la bancada más grande en el Legislativo. Además, Colombia enfrenta un contexto crítico; el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país recientemente ha causado más de 200 muertes. Ante esta situación, Petro ha mostrado su solidaridad, instando a su bancada a utilizar sus sedes para acopiar ayuda y donar parte de sus salarios a la Cruz Roja.
Aunque Petro tiene cierta libertad para viajar, incluyendo un pasaporte italiano que le permite entrar sin restricciones a varios países, se enfrascó en complicaciones debido a sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. En 2025, el Tesoro lo incluyó en la lista OFAC por supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que puede disuadir a las aerolíneas a venderle boletos. Intentó viajar a Washington al final de su mandato para solicitar la eliminación de su nombre de dicha lista, pero el viaje no se llevó a cabo.
Adicionalmente, Petro perdió su visa estadounidense tras un incidente en una protesta frente a la ONU, donde hizo un llamado a las tropas a desobedecer órdenes del entonces presidente Donald Trump sobre Israel.
El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ha prometido investigar y llevar a juicio a Petro por corrupción y otros delitos, y ha mencionado su disposición para extraditarlo si es requerido por la justicia internacional. Sin embargo, ponerlo tras las rejas no será un proceso sencillo, dado que los cargos contra él se tratan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde típicamente pocos casos contra expresidentes prosperan.
Por el momento, Petro enfrenta un caso judicial destacado que, al no estar protegido por el fuero presidencial, ya ha avanzado: una acusación por violar los límites de financiamiento de su campaña electoral en 2022. Este proceso, tras la pérdida de su fuero, podría continuar en la Fiscalía, siempre que el Senado lo autorice y Petro se encuentre fuera del país.
