Desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chile en 2017, la Corporación Humanas ha estado monitoreando su implementación. Este seguimiento ha enfrentado desafíos significativos, especialmente en el acceso a información sobre la objeción de conciencia. Para obtener datos sobre el cumplimiento de esta ley, la organización se ha visto en la necesidad de solicitar antecedentes directamente a hospitales públicos y de acudir al Consejo para la Transparencia, el cual acogió un amparo presentado por la Corporación.
Desafíos en la Transparencia
La necesidad de recurrir a instancias de transparencia para acceder a información revela un problema más amplio: la falta de transparencia es un obstáculo esencial para la fiscalización del cumplimiento de la Ley IVE. Este aspecto se convierte en una herramienta vital para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva.
La Objeción de Conciencia como Barrera
Los antecedentes obtenidos por la Corporación Humanas indican que la objeción de conciencia sigue constituyendo una barrera significativa para el acceso al aborto legal en las tres causales establecidas por la ley. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la efectividad de la política pública y su impacto en las mujeres que buscan ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
La situación actual respecto a la Ley IVE y su implementación exige una atención urgente, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, para asegurar que el acceso a los servicios de aborto no se vea comprometido por restricciones no previstas en la legislación.
