Motín en cárcel de Venezuela: cinco reclusos fallecidos

El Gobierno de Venezuela ha confirmado la muerte de cinco presos durante un motín en la cárcel Yare III, situada en los Valles del Tuy, en las afueras de Caracas. Esta declaración por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios se produjo un día después de los acontecimientos, en un contexto en el que familiares y defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades en el centro penitenciario.

Detalles del Motín en Yare III

El penal Yare III, considerado de “máxima seguridad”, alberga a “líderes negativos y miembros de bandas criminales”. Dentro de sus muros, también se encuentran presos políticos que esperan su liberación bajo medidas de amnistía. Los fallecidos han sido identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez, aunque no se ha especificado la causa de su muerte.

Protestas de los Familiares

Desde enero, familiares de los detenidos han mantenido vigílias frente a las cárceles, exigiendo información sobre sus seres queridos. Durante las protestas, algunas mujeres golpearon el portón del penal y exhibieron pancartas que decían “Los están matando”. A pesar de su lucha, sólo el martes comenzaron a recibir llamadas de presos que confirmaron estar bien.

Contexto del Motín

Las visitas a la prisión fueron suspendidas el domingo, y se instauró un cerco de seguridad debido a enfrentamientos entre presos comunes, provocado por el traslado de un grupo de detenidos. Fuentes cercanas señalaron que la revuelta también resultó en heridos por armas de fuego.

Investigación en Curso

Antes de la confirmación de los fallecimientos, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación sobre los hechos en Yare III, sin mencionar las muertes. Se ha formado una comisión de funcionarios de la dirección de Derechos Humanos para llevar a cabo las pesquisas. Según informes, la tensión se habría generado por el traslado de detenidos a esta área.

Condiciones de Reclusión en Venezuela

La crisis en el sistema penitenciario venezolano se ha vuelto más alarmante tras las revelaciones de prisioneros políticos liberados gracias a la amnistía, con más de 650 exiliados desde enero. El malestar causado por las condiciones de reclusión y el trato de los custodios ha ido en aumento. Recientemente, el Ministerio Público, que ahora es liderado por Larry Devoe, visitó el Centro Penitenciario Rodeo I para verificar las condiciones tras una protesta de presos extranjeros. Según la institución, las condiciones de este penal cumplen con las normas de derechos humanos.

Denuncias de Organizaciones de Derechos Humanos

Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado que, en menos de 24 horas, dos detenidos murieron por paros respiratorios y falta de atención médica en el módulo 4 del Rodeo. Esta ONG afirma que estas muertes no pueden considerarse aisladas, sino parte de un patrón sistemático de abandono. El Rodeo IV se suma a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo y condiciones insalubres, donde los presos carecen de acceso regular a agua potable y alimentos adecuados, además de recibir atención médica tardía o inexistente.

Control Gubernamental en las Prisiones

El Gobierno de Venezuela ejerce un control total sobre las prisiones, bajo lo que llaman régimen penitenciario. Hasta 2023, algunas cárceles, como Tocorón -denominada centro de operaciones de la banda Tren de Aragua- y Tocuyito, estaban bajo el mando de líderes criminales. Sin embargo, el Gobierno implementó una toma militar de estos recintos sin detener a ninguno de sus cabecillas.

Demandas de los Defensores de Derechos Humanos

Recientemente, defensores de derechos humanos han solicitado la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa. Este funcionario, designado por Nicolás Maduro en 2024, no ha sido incluido en los cambios de gabinete que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha llevado a cabo. Durante una reunión con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, se exigió también un indulto general para los presos políticos restantes, entre 400 y 600, según diversas organizaciones.

Eduardo Torres, ex preso político, denunció desde los alrededores de la prisión que Yare III es un “campo de torturas” y demandó una investigación internacional sobre la situación. “Ninguno de los presos teníamos acceso siquiera a un cortaúñas”, afirmó Torres.