Controversia en Chile por la propuesta de reporte de migrantes irregulares
La ministra de Salud de Chile, May Chomali, se ha distanciado de la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast, que busca que instituciones públicas, incluidos centros educativos y centros de atención médica, informen sobre migrantes irregulares con órdenes de expulsión. “Lo estamos mirando con bastante preocupación”, aseguró Chomali en una entrevista reciente en Radio 13C.
Propuesta legislativa en discusión
La iniciativa fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, durante una sesión de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. En este encuentro, se discutían modificaciones a la ley de migraciones para que el ingreso clandestino a Chile sea considerado un delito en lugar de una falta administrativa. Aunque la iniciativa no ha sido votada, cuenta con el respaldo del presidente Kast, quien argumentó que “la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”.
Reacciones dentro del Gobierno
A pesar del apoyo de Kast, la propuesta ha generado divisiones internas. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expresó en Radio Agricultura que “todo sirve, por supuesto que todo sirve, así que es bienvenido”. En contraste, Chomali enfatizó que el Ministerio de Salud no puede reportar a estos pacientes, ya que la información que comparten está protegida por el código sanitario y la ley de deberes y derechos de los pacientes.
Según la propuesta de Kast, “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran”, que incluyen datos de contacto de extranjeros bajo procedimientos migratorios.
Aclaraciones del subsecretario del Interior
Pávez, en una entrevista con T13 Radio, indicó que el Gobierno promueve que solo se notifique a las instituciones cuando se verifique un proceso de expulsión. Aclaró que esta notificación no implica una obligación de reporte o denuncia, y que el objetivo es aplicar el principio de interoperabilidad para facilitar las expulsiones, considerando que algunos migrantes pueden cambiar de domicilio o evitar a las autoridades.
En una posterior rueda de prensa, Pávez insistió en que se busca resguardar las garantías constitucionales y que la intención es únicamente contar con información para proceder con las sanciones migratorias necesarias.
Críticas desde el sector sanitario
La propuesta ha sido objeto de rechazo, especialmente desde el sector sanitario. Carlos Becerra, tesorero nacional del Colegio Médico (Colmed), expresó su preocupación, señalando que la entrega de datos sobre pacientes violaría el secreto profesional y generaría desconfianza en el personal de salud. “Esto trasgrede varios acuerdos internacionales donde la salud no debe estar supeditada a ninguna consideración, dado que está reconocido como un derecho humano”, agregó.
Izkia Siches, exministra del Interior y expresidenta del Colmed, también criticó la idea, advirtiendo que convertir a los hospitales en espacios de temor sería perjudicial para la salud pública. Jaime Mañalich, exministro de Salud, escribió que implementar esta iniciativa “sería un error grave” al desvirtuar el derecho a la salud y alejar a personas enfermas del sistema.
Reviviendo la propuesta
Según La Segunda, Pávez ha informado sobre la formación de una mesa técnica para revisar la indicación, a petición de la presidenta de la comisión de Gobierno del Senado, la socialista Danisa Astudillo. Mañalich, a pesar de la aclaratoria del subsecretario, afirma que es urgente modificar la indicación para precisar quién tiene la responsabilidad del reporte.
