Inicio de Revisión de Fotomultas en Colombia a Una Semana de las Elecciones
El Ministerio de Transporte de Colombia ha anunciado el inicio de una revisión de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024. Estas penalizaciones fueron registradas por cámaras operadas por 37 organismos de tránsito a nivel municipal y departamental. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que «se caen siete millones y medio de comparendos». A pesar de esta declaración, expertos en tránsito y autoridades locales señalan que esto es solo el inicio de un largo proceso administrativo, cuyos efectos podrían tardar meses en hacerse visibles y que, en su mayoría, beneficiarán solo a algunos de los implicados.
Análisis de los Comparendos Revisados
De acuerdo con el Ministerio, de los 7,5 millones de comparendos en revisión, 5,8 millones aún no han sido pagados y, por lo tanto, quedarán sin efecto. En contraste, las secretarías de movilidad que ya recibieron el pago de 1,6 millones de fotomultas deben devolver esa cantidad a los ciudadanos. El total de estas devoluciones superaría 1,05 billones de pesos (aproximadamente 285 millones de dólares). Además, las entidades territoriales podrían enfrentarse a sanciones que exceden los 2,1 billones de pesos (570 millones de dólares). Rojas enfatizó que «las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley».
Irregularidades en el Proceso de Fotomultas
El Ministerio también reveló «posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios» en la instalación y operación de los sistemas de detección. Se encontró que 12 organismos comenzaron a operar cámaras sin el debido concepto técnico, mientras que otros 18 obtuvieron permisos solo después de haber empezado a operar. Entre las ciudades más afectadas se encuentra Cali, con 2,7 millones de comparendos bajo revisión, de los cuales casi 400.000 ya fueron pagados. Se estima que las devoluciones en Cali podrían llegar a 300.000 millones de pesos.
Diferencias entre Municipios
En Bogotá, cerca de 294.000 comparendos están bajo revisión, de los cuales 107.300 ya fueron pagados. Las devoluciones en este caso ascenderían a 70.700 millones de pesos. Medellín tiene 717.000 comparendos en revisión, con 147.003 pagados, lo que representa una posible devolución de 62.400 millones. Barranquilla también está afectada, con 131.200 comparendos, de los cuales 5.900 han sido pagados y podrían implicar una devolución de 13.261 millones.
Implicaciones de la Revisión de Fotomultas
El proceso de revisión no será automático. «Los municipios tienen derecho a defensa y a sustentar caso por caso si las sanciones aplican o no», señala Ricardo Peña, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados de esta revisión dependerán de un análisis detallado de cada caso, considerando aspectos como la ubicación de las cámaras y la fecha de imposición de las fotomultas.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá afirmó que está estudiando el caso y aclaró que no hay una determinación que implique la anulación automática de comparendos ni la devolución de recursos. Por su parte, Diana Reina, gerente de enRuta, la entidad de Cali encargada de gestionar las fotomultas, explicó que una vez se reciba la notificación, presentarán sus argumentos.
Impacto en las Finanzas Municipales
El director del grupo de investigación en vías y transporte de la Universidad Nacional en Medellín, Iván Sarmiento, mencionó que una posible devolución masiva puede afectar seriamente las finanzas de las ciudades, comprometiendo recursos destinados al transporte público. «En Medellín, por ejemplo, subsidiar el transporte público cuesta cerca de 100.000 millones de pesos», detalló.
Percepción Pública y Contexto Político
Los expertos Peña y Sarmiento coinciden en que existen problemas en algunos municipios, especialmente en relación a deficiencias en la señalización y limitaciones de velocidad que son mal implementadas. Sarmiento advirtió sobre situaciones en que las cámaras actúan como trampas. Además, ambos académicos cuestionan la presentación de la revisión de forma que implique que todas las cámaras son inválidas. Este tipo de comunicación podría favorecer a infractores y socavar la cultura de seguridad vial.
La llegada de esta revisión a pocos días de las elecciones ha suscitado críticas. Algunos analistas consideran que esta medida podría tener un impacto político significativo, especialmente en un momento sensible para la opinión pública.
