El contrabando de combustible desde Estados Unidos a México ha cobrado una nueva dimensión durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este gran esquema criminal, que ha crecido significativamente, salpica ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado cargos contra tres soldados de alto rango, señalándolos como facilitadores en la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
La investigación apunta a que esta práctica del contrabando de gasolina e hidrocarburos, ocultando estos productos como mercancías exentas de impuestos, se intensificó en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 15 de julio de 2025. Datos obtenidos a partir de informes confidenciales y bases de datos de comercio exterior indican un aumento significativo en el tráfico de estos bienes desde que la Sedena asumió el control de la aduana en Matamoros.
Este escándalo pone en evidencia la complejidad del contrabando en la frontera y las implicaciones que tiene para las instituciones de seguridad en México. La colaboración de personal militar en estas actividades ilegales sugiere la existencia de redes bien organizadas que operan en la penumbra, planteando serios cuestionamientos sobre la integridad de las fuerzas armadas en el país.
La situación resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las aduanas y revisar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en la frontera por parte del gobierno mexicano.
El contrabando de combustible sigue siendo un desafío crítico para las autoridades mexicanas, que deben abordar este fenómeno de manera integral para garantizar la legalidad y la seguridad en las fronteras del país.
