Socorro Gil descubrió la trágica verdad sobre la muerte de su hijo al examinar las fotografías de restos humanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco. Desde la detención de Jhonatan Romero por una patrulla de la policía municipal el 5 de diciembre de 2018, su vida se convirtió en una búsqueda incesante. Al observar la imagen de un cráneo, notó que le faltaban los mismos centímetros que en el de su hijo, resultado de una grave fractura sufrida en un accidente automovilístico a los 11 años, que le dejó un área sin hueso frontal. “No le pudieron poner una placa porque tenía que venir de Alemania y tardaba un mes en llegar”, relata su madre. “Nadie puede tener la misma fractura en el mismo lugar. No me quedó duda de que era él”, añade con dolor.
A finales del año pasado, Socorro identificó la imagen, pero se enteró de que los restos habían estado bajo la custodia de las autoridades de Guerrero desde septiembre de 2022. “¿Cómo es posible que encuentren un cráneo y lo guarden sin hacerle pruebas, sin compararlo con las mamás que estamos activas buscando y que se nos va la vida?”, cuestiona con impotencia.
La situación refleja la urgencia y el desespero de muchas familias que, como Socorro, enfrentan la dificultad de encontrar justicia y respuestas en medio de la tragedia. Las preguntas quedan en el aire mientras las autoridades continúan sin ofrecer respuestas claras sobre el manejo de los restos y la identificación de personas desaparecidas en el contexto de la violencia que afecta a varias regiones del país.
