Las reformas constitucionales que el Gobierno de José Antonio Kast planea implementar como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) están generando divisiones importantes dentro del oficialismo. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos más leales al Ejecutivo, anunció que su bancada no apoyará el proyecto. Esta iniciativa propone suspender las prestaciones sociales financiadas con recursos estatales a quienes sean condenados por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tanto durante la condena como en los 15 años posteriores. Ramírez afirmó: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.
Kast firmó la semana pasada el proyecto denominado Reforma Constitucional Pro Seguridad, que incluye regímenes penitenciarios diferenciados para líderes de organizaciones criminales o terroristas. Aunque el Gobierno aún no ha presentado oficialmente los pormenores de la iniciativa, se espera que lo haga en las próximas horas.
Reformas Controversiales
Las críticas surgieron tras la filtración de un borrador de 15 páginas que contempla diez modificaciones a la Constitución. Una de las más significativas establece que quienes cometan delitos como narcotráfico y terrorismo quedarán inhabilitados para recibir cualquier prestación estatal por un periodo que se extiende durante y hasta 15 años después de cumplir la condena. Según el texto, aquellos que ya estén recibiendo prestaciones al momento de la condena perderán dicho derecho automáticamente. Además, se les inhabilitará para acceder a medidas alternativas a la prisión y cualquier beneficio penitenciario durante los siguientes 15 años.
El documento también sugiere ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles proteger a los ciudadanos en situaciones extraordinarias, ofreciendo una base constitucional para actuar en circunstancias que actualmente requieren la declaración de estados de excepción. Hasta el momento, el Gobierno no ha desmentido la existencia de este borrador, y los legisladores de la derecha discuten los detalles filtrados.
Preocupaciones por la Seguridad
La seguridad se ha convertido en una prioridad para la administración de Kast, en un contexto de creciente descontento ciudadano. Según una reciente encuesta de Criteria, más del 55% de los chilenos desaprueban la gestión de Kast, con un 54% opinando que la política de seguridad del Gobierno ha sido peor de lo esperado. Asimismo, el 61% de los encuestados prefiere que se aprueben nuevas leyes contra la delincuencia, en lugar de aplicar las normas ya vigentes. Las expectativas de que la administración de Kast logre implementar sus medidas de seguridad están ligeramente por encima del 50%.
Kast había prometido establecer un Gobierno de emergencia en su campaña electoral, que comenzó oficialmente el 11 de marzo. Sin embargo, su gestión en este ámbito ha enfrentado obstáculos, incluyendo la controversia protagonizada por su exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien no presentó un plan formal ante el Congreso antes de su destitución el 19 de mayo.
La seguridad se ha reforzado a través de anuncios y la presentación pública de Kast y sus ministros en operativos policiales. Recientemente, el mandatario visitó la cárcel de La Laguna, en Talca, donde fueron trasladados reclusos de alta peligrosidad en una operación llamativa denominada Cancerbero, que ha sido comparada con la estrategia del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
La agenda de seguridad se lanzó después de lograr la aprobación de una megarreforma económica en el Congreso. Kast presentó su plan en cadena nacional el 5 de agosto, enfatizando su compromiso con la recuperación de la seguridad en Chile: “Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”.
Resistencia en el Congreso
La UDI ha sido fundamental en la aprobación de iniciativas clave para el Gobierno de Kast, como la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, los reparos a la propuesta actual también provienen de otros sectores. El senador independiente Matías Walker, quien apoyó anteriormente la megarreforma, expresó su oposición a las nuevas reformas. Esto provocó una respuesta del senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, quien defendió la posición de su partido sobre las penalizaciones para quienes cometieron delitos graves.
En la ultraderecha, el apoyo para las reformas también es incierto. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), afirmó que su partido no garantiza el apoyo necesario para la implementación de la ACOT. Squella, en respuesta, se mostró confiado en que las propuestas serán bien recibidas por los parlamentarios del PNL.
Si las preocupaciones sobre la propuesta continúan, el Gobierno podría enfrentar un desafío en el Congreso, donde se requiere un quórum de cuatro séptimos para aprobar las reformas constitucionales.
