En el noroeste de Colombia, a escasos metros del Batallón Rifles 31, una base militar colombiana, se encuentra La Mandinga, una mina de oro ilegal controlada por el Clan del Golfo, el cartel más grande del país y calificado como organización terrorista por Estados Unidos. La situación es alarmante: los mineros, vestidos apenas con calzoncillos y equipados con mangueras de alta presión, están destruyendo el bosque para extraer oro, y su actividad se realiza en un área que debería estar resguardada por las fuerzas armadas.
Imágenes satelitales y de drones indican que la minería ha avanzado hasta a 137 metros de la piscina privada de la base. Inicialmente, el coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, negó la actividad minera en el perímetro militar. Sin embargo, tras una inspección, tuvo que reconocer la realidad. Enfrentado a los mineros, que respondieron con machetes y amenazas, el coronel finalmente ordenó su expulsión, afirmando que estaban invadiendo propiedad del Ministerio de Defensa. La escena, capturada en fotografías, resulta tanto surrealista como inquietante: la ineficacia del Estado en controlar la actividad criminal en un lugar tan resguardado plantea serias dudas sobre su capacidad en el resto del país.
De acuerdo a las informaciones recopiladas, el Clan del Golfo cobra a los mineros 400 dólares mensuales por el derecho a operar en La Mandinga. Se estima que cientos, posiblemente más de mil, de estos grupos trabajan en condiciones tóxicas, utilizando mercurio para separar el oro, lo que genera una creciente contaminación de ríos y deforestación de bosques tropicales. Además, esta actividad ilícita financia asesinatos y ataques terroristas en la región.
En respuesta a la investigación difundida, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció a través de su cuenta de X que se llevaría a cabo una verificación e investigación inmediata de los hechos, enfatizando que no hay espacio para la complacencia y que se actuaría con «todo el peso de la ley» si se encontraba algún vínculo o conducta irregular en el asunto.
A pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene a los líderes del Clan del Golfo en una lista negra financiera, el oro extraído ilegalmente fluye sin mayores problemas hacia el mercado internacional. La investigación revela cómo este oro se transforma en producto legal a través de un sencillo sistema de documentación. En la cercana ciudad de Caucasia, los comerciantes registran cada gramo de oro bajo el nombre de mineros que tienen licencias, que suelen reservarse para quienes trabajan de manera legal, sin mercurio y en zonas autorizadas. Sin embargo, muchos mineros tienen estas licencias sin cumplir las condiciones requeridas, y las autoridades rara vez verifican el verdadero origen del material.
Una vez «legalizado», el oro se mezcla con suministros de todo el país y se funde. En el último año, se exportaron lingotes hacia Texas por un valor aproximado de 255 millones de dólares. En una refinería de Dallas, conocida como Dillon Gage, el oro colombiano se funde junto a material de otros orígenes. A partir de ese punto, el producto se considera estadounidense. Terry Hanlon, director ejecutivo de Dillon Gage, indicó que suspendería las compras al exportador colombiano tras los hallazgos periodísticos.
Un informe del Departamento del Tesoro reveló en 2024 que, durante dos décadas, la Casa de la Moneda de Estados Unidos nunca preguntó a sus proveedores sobre el origen del oro que adquiría, a pesar de que en 1985 se prohibió la fabricación de lingotes con oro extranjero para evitar complicidad en violaciones de derechos humanos. Cuando se consultó sobre estas prácticas, la institución inicialmente afirmó que el oro provenía íntegramente de Estados Unidos, pero luego corrigieron a que era “principalmente” estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una revisión de estas prácticas de adquisición.
Dada la actual cotización del oro, que ronda los 5.000 dólares la onza, las motivaciones para introducir metal ilegal en mercados legítimos son enormes. La minería ilegal no solo financia grupos armados en Colombia, sino que también apoya conflictos en otras regiones del mundo, incluyendo la guerra civil de Sudán y economías bajo sanciones como las de Venezuela e Irán.
La investigación del medio neoyorquino destaca los retos que enfrenta Colombia en términos de seguridad, reflejando de manera inquietante la facilidad con la que el oro del cartel puede ser encontrado y procesado, sugiriendo que quizás las autoridades no están buscando activamente el problema.
