El Gobierno de José Antonio Kast ha intensificado su estrategia contra los morosos que se beneficiaron del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo destinado a facilitar el acceso a la educación universitaria. Según la administración, solo el 40% de los beneficiarios están cumpliendo con sus obligaciones de pago. Ante esta situación, el ministerio de Hacienda ha ordenado a la Tesorería General de la República (TGR) que inicie embargos de bienes y retire fondos de cuentas bancarias de los deudores, todo sin necesidad de una orden judicial.
Objetivo: Deudores con altos ingresos
El plan del Ejecutivo se centra inicialmente en los aproximadamente 1.800 morosos cuyo salario supera los cinco millones de pesos mensuales (equivalente a 5,5 mil dólares). Estas personas acumulan una deuda no pagada con el fisco de alrededor de 20 millones de dólares. A pesar de este enfoque, algunos de los afectados han manifestado que sus ingresos no se corresponden con los montos reportados.
Defensa del Gobierno
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la estrategia gubernamental en una reciente entrevista en Canal 13. Indicó que las acciones están dirigidas a quienes tienen mayores rentas, y subrayó la importancia de que los deudores con ingresos más bajos puedan implementar medidas para pagar a tiempo y evitar complicaciones adicionales.
A medida que avanza esta ofensiva, el Gobierno mantiene su compromiso de recuperar las deudas que afectan el sistema educativo, intentando asegurar que los beneficiarios del CAE cumplan con sus responsabilidades financieras.
