Advertencia del Ministro Quiroz sobre el Endeudamiento en Educación Superior
El ministro de Educación, Quiroz, instó a los estudiantes a ser cautelosos con respecto al endeudamiento para la educación superior. Esta declaración refleja un programa de Gobierno que ha generado controversia, especialmente en el contexto de los embargos ejecutados por la Tesorería sobre deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La situación es paradójica: el Estado financia los estudios y luego embarga a quienes no pueden pagar, mientras el ministro aconseja que tal endeudamiento no era necesario.
Su advertencia se basa en un informe de la Fiscalía Nacional Económica, que señala que el 40% de los alumnos se encuentra cursando carreras sin rentabilidad. Aunque este dato es significativo, surge la pregunta: ¿es responsabilidad de los jóvenes elegir mal su futuro, o del sistema que ha promovido carreras sin campo laboral? El ministro se posiciona firmemente al afirmar que “son decisiones individuales”. Así, el proceso queda delineado: el mercado ofrece, el individuo elige y el Estado embarga.
Percepción Ciudadana sobre la Educación
Este discurso se enfrenta a la percepción de una mayoría significativa en Chile. Según la encuesta Clima Social ICSOH-UDP de junio de 2026, el 85% de los encuestados cree que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la educación universitaria, especialmente para quienes no pueden costearla. Adicionalmente, el 59% considera injusto que la calidad educativa dependa del nivel económico de cada familia, una opinión que atraviesa el espectro político, incluido el 78% en sectores de derecha.
Propuestas del Gobierno y Resistencia Ciudadana
En este contexto, el Gobierno ha planteado la eliminación del financiamiento estatal a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, una medida que el 53% de la población rechaza y solo el 29% apoya. Así, la administración avanza en una dirección contraria a la mayoría ciudadana, mientras el ministro continúa advirtiendo a los jóvenes sobre las dificultades de ciertas carreras.
Este mensaje se da en un momento crítico, ya que la encuesta CEP N° 96 de abril-mayo de 2026 revela que solo el 18% de los chilenos cree que el país está progresando. Un 54% lo considera estancado y un 26% en decadencia. La preocupación por el pago de deudas se encuentra en un nivel alarmante, con un 73% de la población angustiada por este aspecto, un índice récord en la serie de encuestas. Además, el 51% de los hogares indica que su situación ha empeorado en los últimos seis meses.
Impacto Social y el Valor de la Educación
Frente a esta realidad, la educación había sido vista como una de las pocas vías de progreso social. Sin embargo, las declaraciones del ministro parecen cuestionar este camino. A medida que el Gobierno recomienda evitar la educación como opción de movilidad, se percibe un riesgo significativo para aquellos que han invertido en su formación como un medio para mejorar su situación socioeconómica.
Una paradoja se presenta cuando se considera la confianza de los chilenos en las universidades, que se mantiene por encima de otras instituciones del país. Según la última encuesta CEP, el 61% de la población confía más en las universidades que en el Gobierno, el Congreso o los partidos políticos. Este capital simbólico se ve amenazado por la percepción de que estudiar se convierte en una inversión dudosa.
El Mensaje del Ministro y sus Consecuencias
Reducir la educación a un análisis de costos y beneficios individuales es un enfoque simplista. Este concepto implica que la estructura social actual es aceptable y que cada individuo debe asumir su lugar en ella. La narrativa sugiere que aquellos que eligen malas carreras son responsables de su propia situación, dejando de lado las estructuras sistémicas que favorecen a unos en detrimento de otros.
Este mensaje puede resultar devastador para quienes menos opciones tienen. Una generación que ha creído en la educación como medio para salir adelante ahora se enfrenta a la realidad de que tal vez no lo entendieron adecuadamente. Al final, la responsabilidad del Gobierno en la promoción de un sistema educativo que ofrece múltiples oportunidades para todos se vuelve evidente, confirmando que el ascensor de la movilidad social nunca funcionó con eficacia.
