El Gobierno de Cataluña ha comenzado a planificar un segundo paquete de colaboración público-privada, liderado por el president Salvador Illa, con el objetivo de impulsar el desarrollo de infraestructuras en la región. Este plan, que dispondrá de un presupuesto de 1.500 millones de euros, incluye proyectos significativos como la segunda fase del tranvía de Tarragona, la extensión del tranvía de Barcelona hacia el norte y el sur, así como la ampliación del metro de la ciudad condal. No obstante, el Ejecutivo catalán prioriza completar el primer programa, que alcanzará los 1.800 millones de euros, para adjudicar obras de metro, carreteras y electrolineras antes de 2027.
El anuncio sobre el programa de concesiones fue realizado por el líder del Ejecutivo en la inauguración de la última reunión del Cercle d’Economia. Este plan contempla una inversión total de 3.300 millones de euros en dos fases. La primera fase, actualmente en consulta previa, abarca diversas carreteras dentro del programa 2+1, la construcción de nueve estaciones de la L9 del metro y un conjunto de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Fuentes del departamento indican que hasta 70 empresas han mostrado interés en estos proyectos de obra pública.
El Departamento de Territorio se encuentra en la preparación de este segundo lote de obras públicas que tiene como finalidad acelerar proyectos que están pendientes. Entre ellos, se incluyen trabajos ferroviarios como la segunda fase del tranvía de Tarragona (que ya cuenta con una partida de 101,2 millones de euros en los Presupuestos de 2026) y la ampliación del tranvía de Barcelona hacia Molins de Rei y Badalona, con más paradas en la zona de las Tres Xemeneies, donde se proyecta el hub audiovisual del Catalunya Media City.
Además, la Generalitat evalúa la posibilidad de llevar a cabo la construcción de nuevas líneas de metro en colaboración público-privada, como la extensión de la línea 1 hacia Badalona, la línea 3 hasta el futuro Campus del Clínic en Esplugues, y la línea 4 hasta Sagrera. También se planifica la creación de un intercambiador de autobuses en la plaza de Espanya, dado el aumento en el uso de autobuses interurbanos debido a los problemas recurrentes de Renfe. Asimismo, se están considerando carreteras del programa 2+1, como el desdoblamiento de la C-55 en Manresa (Bages).
Fuentes del Departamento han afirmado que aún no se ha tomado una decisión final sobre este paquete de obras, aunque se destaca la transformación prioritaria de la C-16 entre Berga y Bagà, con un presupuesto de 470 millones de euros, que se someterá a concurso por Abertis. La urgencia para avanzar en estos proyectos radica no solo en los retrasos acumulados, sino también en el aumento constante de costos de materiales que impactan negativamente en los precios de las obras. Las empresas adjudicatarias asumirán la responsabilidad de las inversiones, el mantenimiento y, si es necesario, la reposición de la infraestructura.
El Govern plantea este esquema de concesiones como una vía para mitigar las restricciones presupuestarias y evitar que estas iniciativas cuenten como déficit y deuda. Para ello, se ha diseñado un sistema de pagos por disponibilidad, donde la Administración se compromete a pagar, durante aproximadamente 35 años, un canon basado en la calidad y disposición de la vía, excluyendo peajes o costes adicionales para los usuarios.
En el pasado, el Gobierno catalán utilizó métodos similares con los denominados “peajes en la sombra” para la construcción de diversas infraestructuras, como comisarías y la Ciutat de la Justícia. Aunque este modelo fue objeto de críticas debido a un cambio en el sistema contable europeo que llevó a contabilizar esos costes como déficit y deuda en un momento de crisis financiera en Cataluña, informes previos indicaron que la Administración de Artur Mas continuó empleando esta fórmula de manera consistente.
