En los últimos dos años y medio, Ecuador ha estado bajo un estado de emergencia durante 846 días, un periodo casi equivalente al tiempo que Daniel Noboa lleva en el poder. Durante este tiempo, el presidente ha restringido la libre circulación de las personas por 272 días, implementando siete toques de queda, que se han mantenido como la principal estrategia gubernamental para combatir la violencia. Las autoridades consideran que el éxito de esta medida se mide por el número de arrestos: durante los 15 días de toque de queda en marzo pasado, 1,283 personas fueron detenidas por violar la normativa, logrando una reducción de casi el 30% en los homicidios durante las horas de la madrugada.
A pesar de estas cifras, Ecuador enfrenta su séptimo toque de queda bajo el actual gobierno. Aunque los voceros oficiales anuncian las medidas con antelación, muchos ciudadanos, como Vanesa Cervantes, se encuentran con la sorpresa de que su rutina diaria se verá alterada una vez más. Cervantes reside en uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, a orillas del Estuario Salado, donde la vida a veces se asemeja a una zona de guerra. Con disparos constantes y robos frecuentes, la tensión es palpable, manteniendo a sus habitantes en un estado de ansiedad continua.
Para Cervantes, vivir en su barrio se reduce a una única regla: no ver, no oír, no hablar con nadie. Afirma que los toques de queda no han mejorado la seguridad. Observa a sus vecinos, que salen a trabajar temprano, encerrándose antes de la noche, pero nunca ve patrullas militares o policíacas en las calles. La normalidad en Guayaquil implica adaptarse constantemente, incluyendo cambios en el transporte público que ahora operan con retrasos significativos, y la necesidad de gastos adicionales en taxi para llegar a tiempo al trabajo.
Impacto del Toque de Queda en la Vida Cotidiana
En las nueve provincias y cuatro ciudades bajo el actual toque de queda, la vida ha cambiado drásticamente. Las unidades de transporte público ahora comienzan a operar más tarde, afectando el horario de inicio de las escuelas en Quito y obligando a los negocios a cerrar antes. Los cines, teatros, restaurantes y otros lugares de entretenimiento han debido ajustar sus horarios, e incluso algunos eventos han sido cancelados por el miedo a una baja asistencia.
Los servicios comerciales y el transporte de carga también se han visto directamente afectados por el toque de queda, que se impone entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.—horarios cruciales para su funcionamiento. Debido a esta medida, muchos camioneros que deben llegar a Pichincha quedan varados en la frontera, obligados a dormir en sus tráileres, expuestos a los peligros del camino. Durante las 18 horas permitidas de movimiento, las actividades se intensifican bruscamente.
Cambio en la Percepción de la Violencia
Cervantes ha tenido que ajustar su rutina a esta nueva normalidad, aceptando que en Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas del mundo, es esencial convivir con la violencia. La socióloga Natalia Sierra considera que esta «normalización» es una reacción al cansancio de la población, no solo por la violencia de grupos criminales, sino también por la violencia estatal. “Es una estrategia inconsciente de resistencia; si no resistimos, si vivimos bajo la presión de la violencia, podemos enfrentar una crisis psiquiátrica”, señala la experta.
Los gestos de autoprotección se han convertido en actos automáticos: caminar con la bolsa o mochila pegada al pecho, evitar hablar por teléfono en la calle y desconfiar de cualquier persona a su lado. Cervantes ha aprendido a identificar patrones del comportamiento delictivo, por ejemplo, que los días 15 y 30 de cada mes, cuando se pagan los salarios, es más inseguro estar en la calle. “Los ladrones saben que esos son los días en que recibimos dinero, por lo que son los peores para estar afuera”, comenta.
“Hemos normalizado un estado de vigilancia constante”, afirma Sierra. “Caminar mirando hacia atrás, chequear si alguien nos sigue, estar atentos a cada movimiento… Lo que realmente se normaliza es la violencia.” En los últimos cinco años, la violencia en Ecuador ha aumentado significativamente, pasando de tener una de las tasas de homicidio más bajas de Latinoamérica a sobrepasar los 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, el año más violento de su historia.
Este aumento de la violencia coincide con un contexto regional donde la inseguridad obliga a los gobiernos latinoamericanos a implementar medidas más severas contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, la política antidrogas de Washington encontró un aliado estratégico en la administración de Noboa, desarrollando operaciones aéreas y marítimas en aguas ecuatorianas. En 2026, pescadores de tres embarcaciones informaron haber sido atacados por drones, con 38 pescadores sobrevivientes y ocho desaparecidos. El gobierno ecuatoriano no ha negado ni confirmado los ataques por parte de Estados Unidos en sus aguas territoriales.
Sierra menciona que Ecuador carece de un plan nacional que defina el tipo de seguridad que se busca. “A veces creo que el gobierno no quiere combatir la violencia o el miedo que esta genera en la población, un miedo que la mantiene ‘quieta’. El miedo es una herramienta de control”, afirma. En contraste, Cervantes reconoce que ya no le interesa el resultado del séptimo toque de queda impuesto en los últimos años. Simplemente no cree que recupere la paz que conocía.
Durante la primera semana de la nueva medida, en varios barrios de Guayaquil, el silencio del confinamiento fue interrumpido una y otra vez por disparos después de las 5:00 a.m., justo cuando el toque de queda se levanta. El ciclo de miedo y vigilancia sigue sin descanso.
