Decisiones Controversiales en el Gobierno de José Antonio Kast
En las últimas semanas, el Gobierno de José Antonio Kast ha enfrentado dos incidentes significativos que revelan un patrón común en su gestión. El primero fue la suspensión parcial del Mepco, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una medida que se adoptó inicialmente bajo una lógica técnica y que generó controversias, incluso con el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiendo la decisión ante los cuestionamientos.
El segundo episodio fue el oficio emitido por el Ministerio de Hacienda, el cual instruía a diversos ministerios a «descontinuar» 142 programas sociales. Sin embargo, esta directriz fue más tarde matizada por el mismo ministerio, aclarando que solo eran sugerencias para evaluación. En ambos casos, se observó un patrón similar: decisiones técnicas que no consideraron adecuadamente sus implicaciones políticas, seguidas de ajustes en la comunicación cuando surgieron polémicas.
Desafíos en la Comunicación Política
Sin embargo, la problemática que enfrenta el Gobierno no se limita a fallas comunicacionales. Calificarla de tal forma desvía la atención de las decisiones tomadas y sus justificaciones hacia un tema superficial de presentación. La situación se complica si se considera que múltiples personas habían revisado estas decisiones antes de su divulgación. Aquí se pone de manifiesto una falencia en el filtro político, un desafío recurrente en la derecha que también afectó administraciones anteriores como la de Sebastián Piñera.
Legitimidad en la Evaluación de Programas Sociales
Poner en cuestión la política social no debería ser un tema tabú. La búsqueda de cambios, ajustes o recortes en la forma en que se utilizan los recursos públicos es un deber democrático. Un Estado que no evalúa sus gastos no rinde cuentas, ni ante la ciudadanía ni ante los beneficiarios de los programas. La discusión sobre la eficiencia del gasto público debe ser constante; es inaceptable que programas continúen, a pesar de recibir evaluaciones desfavorables año tras año.
La Búsqueda de un Equilibrio Entre Eficiencia y Justicia
No obstante, la eficiencia económica no debe ser el único indicador para evaluar decisiones políticas o programas. Es fundamental que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos por administraciones anteriores. Un ejercicio de continuidad puede ser complicado, ya que implica lidiar con decisiones previas. Colocar la eficiencia como el único criterio puede desatender principios de justicia, que son centrales en el rol del Estado. La justicia debe ser vista como un mínimo que el Estado debe garantizar y como un límite que no debe sobrepasar.
Justificación de Decisiones Públicas
La fundamentación de decisiones difíciles debe basarse en criterios de justicia. En este contexto, el desafío es más político que técnico. El Gobierno necesita presentar argumentos claros y sólidos ante la ciudadanía para que sus decisiones no parezcan arbitrarias. Cuando la justificación es insuficiente, las medidas pueden ser percibidas como respuestas rígidas, más conectadas a una ideología inflexible que a decisiones bien fundamentadas.
Ejemplo a Seguir: Fernando Peña
Fernando Peña, director de la JUNAEB, ha destacado como un buen ejemplo dentro del Gobierno. Ha reconocido errores pasados, asegurado la continuidad operativa y ofrecido disculpas sin perder la dignidad ni caer en la arrogancia. Su enfoque contribuye a desactivar la lógica de confrontación y demuestra que reconocer errores no está reñido con mantener convicciones. La gobernanza que se encierra en un círculo cerrado —ya sea en el segundo piso o a través de un ministro que centraliza el poder— puede llevar a decisiones rápidas, pero carece de las justificaciones necesarias ante la sociedad. Encontrar un balance, aunque moleste a ciertos sectores, podría ser la clave para avanzar efectivamente.
