Miles de colombianos enfrentan dificultades para agendar citas para la obtención del pasaporte y otros servicios esenciales debido a fallas técnicas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Este problema se origina en la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), un proyecto que la Cancillería respaldó con un contrato de 3.109 millones de pesos (aproximadamente 860.000 dólares) a una empresa contratista, a pesar de sus constantes incumplimientos. Esta situación ha dejado a muchos usuarios sin acceso a trámites fundamentales.
Según el informe final de supervisión del proyecto, emitido por William Albarracín, el funcionario a cargo, se constató que el desembolso autorizado por su antecesora, Luz Adriana Rodríguez, se basó en documentación que no cumplía con los estándares mínimos de calidad. Además, la factura correspondiente no incluía el IVA, lo que añade un componente de irregularidad administrativa.
Orígenes del Problema
La crisis en el Sitac comenzó en 2024, cuando el Gobierno detectó la necesidad urgente de actualización tecnológica. En lugar de realizar una licitación pública, el equipo del entonces canciller Luis Gilberto Murillo eligió contratar directamente a Aldesarrollo, una entidad pública con competencias amplias en diversas áreas, incluyendo tecnología. La contratación se formalizó a través de un convenio interadministrativo el 15 de octubre de 2024, por un total de 10.364 millones de pesos. Sin embargo, el primer hito de actualización, originalmente programado para finalizar en diciembre de 2024, ha sido prorrogado sin que la empresa haya cumplido con las obligaciones pactadas.
Incumplimientos y Problemas Técnicos
Desde el inicio del proyecto, los plazos han sido incumplidos. En su reporte, Albarracín expresó su confusión ante las afirmaciones de Aldesarrollo sobre avances en la implementación, ya que los progresos eran prácticamente inexistentes. Entre enero y marzo de 2025, las pruebas piloto del módulo para agendar citas de pasaportes fallaron en múltiples intentos. Los ensayos realizados en agosto revelaron problemas significativos en el registro y la asignación de citas, incrementando la frustración de los usuarios.
Además, la empresa no cumplió con la entrega de una infraestructura en la Nube que debía ser escalable y segura, generando preocupaciones sobre posibles ataques cibernéticos. La gestión del personal también fue deficiente, con un cambio en el equipo a los siete meses de haber firmado el contrato, lo que ocasionó retrasos adicionales y falta de cumplimiento en los pagos de seguridad social.
Proceso Sancionatorio y Consecuencias
En enero de este año, la Cancillería inició un proceso sancionador contra Aldesarrollo. La Unidad Investigativa de Caracol Radio ha solicitado información a la ministra Rosa Yolanda Villavicencio sobre el estado de este proceso y la posibilidad de recuperar los 3.109 millones de pesos, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha.
Aldesarrollo está incluida en un grupo de tres empresas que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, recomendó investigar debido a presuntas irregularidades en la contratación pública. La Unidad Investigativa ha intentado contactar al director de la empresa, Omar Enrique Flórez, pero no ha tenido éxito.
El exministro Murillo justificó la decisión de contratar a Aldesarrollo alegando que se tomó la mejor opción disponible en el mercado y que el pago del 30% del total se realizó tras una verificación de la supervisión técnica. Además, mencionó que la ejecución del restante 70% es responsabilidad de sus sucesores.
A pesar de la controversia, en lo que va del año, Aldesarrollo ha seguido acumulando contratos con diversas entidades del estado, superando los 347.000 millones de pesos. La Fiscalía ha formado un equipo especializado para investigar lo que se anticipa como un importante caso de corrupción, mientras que la Procuraduría está revisando al director de Aldesarrollo por irregularidades en otro proyecto valorado en 1.700 millones de pesos. La situación sigue generando preocupación debido a la aparente impunidad de la empresa en medio de los cuestionamientos.
