Los recientes despidos masivos y la creciente contratación irregular en las entidades estatales han suscitado preocupaciones sobre la promesa de formalización laboral del Gobierno de Gustavo Petro. A solo días de la entrada en vigor de la ley de garantías electorales, que prohíbe la vinculación o despido de personal a partir del 31 de enero, se evidencian contradicciones en el primer gobierno de izquierda de Colombia.
Despidos en las Entidades Estatales
Esta semana, Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, ordenó el despido de al menos 30 empleados. Por su parte, Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores, reveló que ha declarado insubsistentes a cerca de 120 funcionarios. También se han producido despidos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como en la Unidad Nacional de Protección, afectando a personal con años de servicio y quienes contaban con estabilidad laboral reforzada.
Aumento de Contrataciones Irregulares
Simultáneamente, el Gobierno ha contratado miles de nuevos empleados en diversas instituciones. En Colpensiones, se ha denunciado la contratación de 800 personas a través de una empresa de tercerización laboral, lo que se interpreta como un intento de favorecer intereses políticos de su director, Jaime Dussán. Los sindicatos critican esta práctica, calificándola de clientelismo y falta de transparencia.
La situación se repite en otras entidades, como la Unidad para la Reparación de Víctimas, que ha incorporado 440 personas mediante contratos de prestación de servicios, y en el Ministerio del Trabajo, que ha creado una planta temporal de 1.141 cargos. José David Castellanos, candidato a la Cámara de Representantes, sostiene que desde que comenzó la administración Petro, se han creado más de 7.000 nuevos puestos por esta modalidad, lo que agrava la crisis fiscal del país.
Impacto Financiero de la Contratación Irregular
El auge en los contratos de prestación de servicios ha provocado un aumento significativo en el gasto público, elevándose de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025. Castellanos señala que esto ha generado una nómina paralela que presiona las finanzas públicas, con una parte de los fondos destinados a empresas contratistas del Estado. Esta suma es considerable en el contexto de la reciente reforma tributaria que solicitó $16 billones.
Crecimiento del Gasto en Ministerios
El panorama se torna más preocupante en el Ministerio de Salud, donde la nómina creció un 154%. Particularmente, un contrato con la veterinaria Vecol destaca por su alto valor, que asciende a casi un billón de pesos, destinado a fortalecer capacidades en investigación y producción de inmunobiológicos en Colombia. Otros ministerios como Agricultura y Ambiente también han registrado incrementos significativos en sus nóminas.
Contratos de Corta Duración
Comparado con el gobierno anterior de Iván Duque, la duración de los contratos se ha reducido. Mientras el 45% de los contratos en Duque tenía un plazo de nueve meses o más, este porcentaje ha caído al 34,5% bajo la administración Petro. Los contratos de corta duración han aumentado, reflejando una tendencia hacia la inestabilidad laboral.
Promesas No Cumplidas de Formalización Laboral
Estas cifras contrastan con las promesas del presidente Gustavo Petro, quien en 2022 se comprometió a eliminar los contratos de prestación de servicios en el Estado, argumentando que esta modalidad encubre relaciones laborales con condiciones desfavorables para los trabajadores. A tres años de su mandato, la situación sugiere que la formalización laboral y la seguridad en el empleo siguen siendo desafíos pendientes.
