La ministra Lenia Batres ha puesto en marcha una iniciativa para reabrir juicios que se cerraron previamente debido a un fraude. Esta situación se intensificó en noviembre cuando la Suprema Corte debatió sobre el tema, generando tensiones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos dirigentes del partido Morena, quienes intentaron establecer límites a las resoluciones del Alto Tribunal. A pesar de que el proyecto quedó aplazado, este lunes el asunto resurgió gracias a una ponencia de Batres que incluía un párrafo controvertido, aunque no directamente relacionado con la cuestión principal: si el Tribunal puede revisar sentencias de juicios de amparo directo del pasado.
El Pleno de la Corte rechazó por unanimidad esta revisión, lo que ha llevado a un enfrentamiento en torno a la negativa de Batres de retirar el párrafo en cuestión, a pesar de la solicitud de siete de sus compañeros. Este hecho marca un precedente en la historia de la Corte, ya que es la primera vez que un ministro se niega a modificar su texto a pesar de estar en clara minoría. Según el jurista Fernando Sosa Pastrana, esto genera una confusión que podría abrir la puerta a que otros ministros ignoren la voluntad mayoritaria.
El párrafo que ha suscitado la controversia establece que el análisis sobre la revisión de sentencias “no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de la SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta.” Esta cláusula, vista como innecesaria por varios de sus pares, tiene la intención de preparar el terreno para el próximo debate sobre la anulación de un juicio mercantil cerrado que está bajo discusión.
Dentro del texto, se menciona que el concepto de nulidad está expresamente reconocido en algunas legislaciones y “implícitamente” en otras. La ministra Yasmín Esquivel se ha opuesto firmemente a la reabertura de juicios, subrayando que no existe aún una decisión firme que interrumpa el precedente existente en la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre esta figura.
La votación de noviembre mostró una Corte dividida, con cinco ministros a favor de reabrir juicios y cuatro en contra. Sin embargo, se requieren seis votos para establecer un criterio de obligado cumplimiento. Notables ministros como Hugo Aguilar, Loretta Ortiz e Irving Espinosa, que anteriormente apoyaron la reapertura bajo el argumento de fraude, ahora se han distanciado de Batres, sugiriendo que el asunto debe ser abordado en otro momento.
Aguilar destacó que la nulidad de juicio concluido y la cosa juzgada son temas distintos que deberían tratarse de forma independiente. Ortiz también compartió esta opinión, sugiriendo que su propio proyecto en curso debe ser discutido antes de abordar la cuestión de la nulidad.
A pesar de que el pleno ha esquivado el último intento de Batres, la problemática sigue sin resolverse. Se espera que Loretta Ortiz vuelva a presentar su proyecto en una próxima sesión, aunque este no cuenta con el respaldo unánime necesario y podría generar un nuevo debate intenso. Si no hay cambios en las posturas de los ministros desde la votación de noviembre, la opción de reabrir juicios basados en hechos fraudulentos podría ser desestimada.
Los impulsores de esta iniciativa enfrentan actualmente dos retos: la aplicación de una norma civil a un caso mercantil y el uso de una norma local en vez de una federal, lo que ha sido señalado por varios ministros en debates anteriores. La jurisprudencia del Tribunal indica que la acción de nulidad “es improcedente cuando la legislación procesal no la contempla, incluso en el supuesto de fraude.” Sin embargo, hay quienes creen que la búsqueda de justicia debe prevalecer sobre estas limitaciones normativas.
