Zamir Pinto, de 16 años; Erick Terán y Dafne Zapata, ambos de 13 años, se inscribieron en academias militarizadas con el objetivo de estudiar, tocar la trompeta en una banda de guerra o realizar ejercicio. Sin embargo, ninguno de ellos regresó a casa. A pesar de que los menores no se conocían entre sí y pertenecían a familias de diferentes estados, sus trágicas historias presentan coincidencias alarmantes.
Los tres jóvenes perdieron la vida en estas instituciones, las cuales estaban bajo la responsabilidad de instructores que, en lugar de protegerlos, los golpearon y maltrataron hasta causarles la muerte. En cada uno de los casos, los directivos de las academias notificaron a las familias por teléfono que “algo no estaba bien”, intentando atribuir la gravedad de los incidentes a problemas de salud previos en los menores.
Estos fatales sucesos ocurrieron a lo largo de tres años, periodo en el que las academias militarizadas han continuado operando sin contar con una regulación clara o normas específicas en cuanto a sus métodos de enseñanza y disciplina.
Los casos de Zamir, Erick y Dafne evidencian una problemática alarmante que pone de manifiesto la urgencia de una revisión y regulación efectiva de estas instituciones que deberían garantizar la seguridad y bienestar de sus estudiantes.
