El descontento social en Chile ha cobrado protagonismo en las calles, impulsado por los recortes y la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, que se encuentra en tramitación en el Senado. Este miércoles, miles de estudiantes y profesores marcharon en el centro de Santiago, desafiando las políticas de ajuste del presidente ultraconservador. Según estimaciones de los organizadores, la asistencia fue considerada masiva, aunque Carabineros no ha proporcionado cifras oficiales. La encuesta Pulso Ciudadano revela que Kast, quien asumió el cargo hace menos de tres meses, ya presenta una desaprobación del 53,3%.
La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), marca la primera gran protesta desde que Kast asumió oficialmente el 11 de marzo. Bajo el lema “la educación pública se defiende”, los manifestantes iniciaron su recorrido cerca de las 10:30 horas desde la emblemática Plaza Baquedano, conocida por su papel central en las protestas sociales, incluyendo el estallido de octubre de 2019. Sin embargo, su avance fue limitado al encontrar un cerco policial en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como Alameda, lo que les impidió acercarse al Palacio de La Moneda.
La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, dirigida por Germán Codina, no autorizó la ruta prevista por los estudiantes, que planeaban marchar hacia Los Héroes. En su lugar, se había otorgado permiso para un trayecto alternativo, que iba de Los Héroes a la estación del Metro Ecuador. Sofía Ávila, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep), denunció que la represión comenzó al inicio de la marcha. “Hay personas detenidas”, informó. Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, también criticó la violencia policial, señalando que Carabineros no ha proporcionado un balance oficial sobre detenciones o participantes de la marcha.
Los incidentes generaron no solo cortes en la principal arteria del centro de Santiago, sino también el cierre de algunas estaciones del Metro. Un grupo de jóvenes encapuchados se enfrentó a Carabineros en las cercanías de la Plaza Baquedano. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, publicó un video en redes sociales denunciando que la mayoría de los manifestantes no eran violentos y que la represión era injustificada. “La provocación comienza al no autorizar la marcha por la Alameda”, expresó.
Los asistentes a la protesta mostraron su descontento a través de pancartas. Isadora Arraño y Antonia Gómez, ambas de 23 y 24 años, manifestaron que “Kast criminaliza la pobreza” y resaltaron que los recortes están afectando la calidad de vida de la población. Las preocupaciones de la ciudadanía están centradas en la actividad económica, que registró una caída del 1,2% en abril, y el desempleo, alcanzando su nivel más alto en casi cinco años. Durante su primera Cuenta Pública en el Congreso en Valparaíso, Kast se comprometió a ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía, aunque advirtió que el proceso sería doloroso.
Durante la campaña presidencial de 2025, Kast anticipó que recortaría 6.000 millones de dólares en 18 meses debido a la estrechez fiscal heredada del Gobierno anterior. Su administración ya ha implementado una reducción del 3% en el gasto de todos los ministerios, mientras que se exoneró a la cartera de Seguridad Pública. Estas medidas han generado un fuerte descontento en la oposición, incluyendo alcaldes de diversos partidos, quienes abogan por proteger áreas críticas como salud, vivienda y educación.
La controversia se intensifica con la megarreforma que el Gobierno está impulsando en el Congreso, que propone rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23% y garantizar invariabilidad tributaria por 25 años a grandes inversiones. Estas propuestas han sido criticadas por economistas y organismos como el Fondo Monetario Internacional, que advierten del riesgo que representan para la sostenibilidad fiscal. Torres de la Cofech destacó que el proyecto beneficia a las grandes empresas a expensas de la recaudación fiscal y del bienestar social.
El Gobierno también ha solicitado al Congreso autorización para aumentar en 6.200 millones el límite de endeudamiento para 2026, una medida que ha suscitado críticas por sus posibles efectos negativos en las finanzas públicas. La oposición señala que la situación es grave: un 9,1% de desempleo, que se eleva al 10,5% en mujeres. Las preocupaciones son tanto económicas como sociales; los marchantes mostraron su descontento por los retrocesos en derechos sociales ante el avance de la ultraderecha.
Además de jóvenes y estudiantes, personas mayores como Hernán y Norma, de 84 años, se unieron a la marcha, demandando mejores pensiones y apoyando a sus nietos. Hernán expresó su apoyo a la movilización asegurando que “la comida no puede quitarse a los niños” y que más personas mayores deberían involucrarse en la defensa de estos derechos.
