El Sentinel Tower, un emblemático rascacielos de 25 pisos en Ciudad Juárez, ha generado controversia entre sus defensores, que lo ven como «el guardián de Chihuahua», y sus detractores, que lo llaman «el Ojo de Sauron». Esta inversión multimillonaria simboliza una apuesta por la seguridad en la región fronteriza y ha resurgido en el debate político tras un trágico accidente automovilístico en el que murieron agentes de la CIA y funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Este hecho ha intensificado la tensión entre la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por la gobernadora Maru Campos.
La presencia no autorizada de los agentes estadounidenses planteó interrogantes sobre la influencia de Donald Trump en México a través de operativos estatales. En una visita en enero al Sentinel Tower, el director de los Centros de Comando C7 de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Jorge Muro, destacó que el piso 18 estaba destinado a «algo muy interesante e innovador». Este espacio albergará a agencias nacionales e internacionales, incluyendo la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Muro aclaró que, aunque las agencias trabajarán con sus propios recursos, la coordinación en tiempo real mejorará la eficacia en sus operativos conjuntos.
Detalles del accidente mortal
En la madrugada del 19 de abril, un convoy de cinco vehículos que se dirigía de Morelos a Chihuahua sufrió un trágico accidente. Uno de los vehículos se despeñó y resultó en la muerte de sus ocupantes: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y dos agentes de la CIA, quienes regresaban de desmantelar un laboratorio de drogas. Aunque el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, intentó minimizar la situación, Sheinbaum confirmó que los agentes estadounidenses estaban «trabajando en colaboración».
La versión oficial sobre la operación ha estado rodeada de confusión. Mientras el gobierno estatal asegura que los agentes eran instructores de drones y que la Agencia Estatal solo los asistía, la administración federal desconocía la naturaleza de su misión. Medios como The Washington Post y The New York Times revelaron posteriormente que los agentes estaban uniformados con ropa de la Agencia Estatal y que dos colegas intentaron salvarlos, pero fue “demasiado tarde”.
La legislación mexicana sobre seguridad nacional estipula que los agentes extranjeros deben ser acreditados por varias secretarías y que cualquier colaboración requiere un informe por escrito a las autoridades federales. A pesar de estas normativas, Sheinbaum afirmó que no se siguió el protocolo correspondiente, violando así la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. “No aceptamos su participación en el campo, en las operaciones”, enfatizó.
La gobernadora Campos intentó ampararse en el hecho de que la Secretaría de Defensa participó en la operación; sin embargo, Sheinbaum rechazó esta justificación, argumentando que las fuerzas armadas no estaban al tanto de la inclusión de agentes no mexicanos en la misión. En respuesta, Campos anunció la creación de una unidad especializada para investigar los eventos del 17 al 19 de abril, con el objetivo de esclarecer la situación. Esta unidad estará liderada por Wendy Paola Chávez Villanueva, exfiscal especial para delitos de género.
Un símbolo de vigilancia
La gobernadora Campos ha hecho de la lucha contra el crimen organizado uno de los ejes centrales de su administración, y el Sentinel Tower es un símbolo visible de esta campaña. La plataforma Sentinel, que ha costado más de 230 millones de dólares, ha recibido críticas por la incorporación de datos biométricos y miles de cámaras de vigilancia. Según Muro, ya hay instaladas 10,000 cámaras en el estado, un tercio de ellas en Ciudad Juárez, donde ocurren el 60% de los crímenes. Además, la plataforma puede integrar cámaras privadas, llevando la capacidad total a 30,000 dispositivos.
Desde su creación, la plataforma ha sido presentada como una herramienta de colaboración con Estados Unidos. En un memorando de entendimiento firmado por Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se indicó que ambos estados tienen un interés mutuo en garantizar la seguridad de su frontera compartida. Sin embargo, los acuerdos de esta naturaleza suelen ser competencia del gobierno federal, lo que genera dudas sobre la implementación y supervisión de tales colaboraciones.
