Reforma Judicial en México: Cambios y Perspectivas para 2028
La autocrítica dentro del oficialismo mexicano encuentra su expresión en eufemismos. La elección inédita de jueces, magistrados y ministros de 2025, un legado de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, ha dejado resultados preocupantes para el partido Morena: una baja participación ciudadana, campañas desdibujadas y la llegada de perfiles a cargos clave carentes de la experiencia, solidez técnica y probidad deseadas. A menos de dos años de la próxima elección de los impartidores de justicia, el partido en el poder está considerando una corrección estructural: posponer la elección judicial hasta 2028 para evitar que coincida con las intermedias y rediseñar el proceso electoral para mitigar los efectos del fallido experimento anterior.
Iniciativa Legislativa en Marcha
Una nueva iniciativa de reforma constitucional será presentada en los próximos días por legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados y el Senado. Este nuevo modelo busca reconfigurar la elección judicial que se implementó recientemente. Aunque la retórica oficial hablará de «perfeccionamiento» y «ajustes técnicos», fuentes cercanas advierten que el verdadero objetivo es evitar el desorden de 2025 y garantizar la legitimidad del mecanismo antes de su segunda prueba, prevista para el próximo año.
Modificaciones Clave al Proceso Electoral
El rediseño del proceso incluye varias modificaciones esenciales. La más significativa es la propuesta de posponer la siguiente elección judicial para el primer domingo de junio de 2028. Este cambio busca evitar que coincida con las elecciones federales intermedias de 2027, que incluirán la renovación de 17 gubernaturas, diputaciones y numerosos cargos locales. Este diagnóstico se basa en la idea de que mezclar ambas elecciones complica operativamente los comicios y diluye el debate público sobre los candidatos judiciales.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, sostiene que separar las fechas permitirá una mejor evaluación de los aspirantes y disminuirá la presión política sobre un poder que debe operar de manera independiente. Sin embargo, dentro del oficialismo se admite también que buscan evitar el arrastre electoral y el voto desinformado, que caracterizaron la jornada previa.
Criterios de Evaluación y Perfiles de Aspirantes
El segundo eje de la propuesta interviene en la cuestión de los perfiles de los candidatos. La reforma sugiere reemplazar criterios como las cartas de recomendación por mecanismos homogéneos de evaluación técnica. Se plantean exámenes de conocimientos obligatorios y requisitos más estrictos de experiencia profesional: diez años para aspirantes a ministros y siete para magistraturas de circuito. El objetivo es claro: filtrar candidaturas impulsadas más por capital político que por trayectoria jurídica.
Además, se propone eliminar los tres comités de evaluación actuales y reemplazarlos por un único Comité Único de Evaluación, con nueve miembros, tres designados por cada poder. Esta medida pretende homogeneizar criterios y centralizar la responsabilidad, evitando disparidades y errores como los ocurridos en 2025.
Limitaciones y Estructuras Institucionales
La enmienda incorpora una cláusula que prohíbe que aspirantes hayan sido militantes de un partido político en el año previo a la convocatoria, para abordar la crítica sobre la politización de las candidaturas judicuales. Sin embargo, queda la duda sobre si un año es tiempo suficiente para asegurar esta desvinculación.
Asimismo, la reforma propone reducir el número de candidaturas por puesto, lo que permitiría un control más riguroso en la fase de selección. El paquete de reformas incluye también una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dividiéndola en dos secciones: administrativa y jurisdiccional, con el fin de agilizar la resolución de casos y mejorar la coordinación interna del sistema judicial.
Consensos y Desafíos Futuros
A pesar de la narrativa de continuidad, el trasfondo político de la iniciativa es relevante. Aunque presentada por miembros de Morena, el diseño cuenta con la aprobación y participación activa de Claudia Sheinbaum. La omisión de estos ajustes en el plan B de la reforma electoral se debe al ambiente de tensión con sus aliados, lo que llevó a descartar cambios adicionales.
Morena enfrenta el reto de construir consensos no solo con sus aliados, sino también con miembros del Poder Judicial que han criticado el modelo actual. La promesa de “perfeccionar” la democratización judicial podría chocar con la percepción de que se trata de una rectificación de un experimento fallido.
La próxima elección de la reforma judicial no solo pondrá a prueba la efectividad del modelo, sino que también demostrará la capacidad del oficialismo para rectificar sus errores anteriores.
