Las universidades públicas de Andalucía están en conflicto con la Junta de Andalucía por el incumplimiento del nuevo modelo de financiación, el cual fue aprobado por el gobierno de Juan Manuel Moreno en 2023. Este martes, ocho de los diez rectores de las universidades votaron en contra del segundo reparto del presupuesto universitario, que asciende a 1.775 millones de euros, considerándolo insuficiente; los otros dos se abstuvieron. Esta situación ha llevado a las universidades a emitir un manifiesto en el cual demandan que el Gobierno autonome cumpla con sus compromisos y avisan sobre posibles acciones legales si no se actúa en consecuencia. En el manifiesto, se destaca que la situación actual está debilitando progresivamente el sistema universitario público andaluz, un pilar esencial para el desarrollo y la equidad en la región.
Los rectores han criticado al gobierno de Moreno por no cumplir, desde el inicio del nuevo modelo, con la cláusula de salvaguarda que garantiza el 100% de la financiación del año anterior, además de un incremento que cubra las subidas salariales del personal del sector público. Este año, alegan que la Junta adeuda el 0,5% de la subida salarial correspondiente a 2024, y aún no se ha realizado la actualización del Capítulo II, que cubre gastos corrientes en bienes y servicios dentro del modelo de financiación.
Adicionalmente, los rectores manifiestan su preocupación por el hecho de que las partidas destinadas a pagar complementos autonómicos del profesorado e investigadores han sido trasladadas a proyectos estratégicos no consolidables. “El pago de retribuciones debe ser consolidable para ejercicios futuros”, afirman. Paco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sostiene que «pagar trienios» no puede considerarse un proyecto estratégico universitario. También destaca que los 37 millones destinados son “claramente insuficientes” para cubrir estos complementos, especialmente considerando los elevados costes de seguridad social.
Otro aspecto que ha generado controversia es la eliminación del segundo reparto de una partida de 16 millones de euros prometida por Moreno, destinada a la sostenibilidad y digitalización de las universidades. En el manifiesto, los rectores exigen que se respete este compromiso.
Por otro lado, la Universidad de Málaga, junto con la Universidad Internacional de Andalucía, se abstuvo en la votación del segundo reparto presupuestario debido a que se logró activar la partida de nivelación, la cual está diseñada para corregir las desigualdades en la financiación entre universidades públicas. Teodomiro López, rector de la UMA, justificó su voto manifestando que era necesario reconocer el esfuerzo de la Junta. Sin embargo, el manifiesto hace hincapié en que la cantidad otorgada para la UMA es “claramente insuficiente” para cubrir sus necesidades.
En última instancia, los rectores insisten en que el cumplimiento de la Ley del Sistema Universitario (LOSU) es esencial. Esta normativa estipula la obligación de asegurar una financiación basal adecuada que cubra al menos los gastos de personal, gastos corrientes e inversiones necesarias para el funcionamiento óptimo de las universidades públicas. La falta de cumplimiento con este mandato legal, que es vinculante, coloca al sistema universitario público andaluz en una situación de vulnerabilidad financiera.
