Colombia y el reclutamiento forzado: La trágica muerte de Sharol Valeria Mosquera
El sábado 15 de noviembre, Colombia se sumió en una crisis de derechos humanos tras un bombardeo por parte de la Fuerza Aeroespacial, dirigido a un campamento de disidencias de las extintas FARC en el departamento del Guaviare. En este ataque, se confirmaron la presencia de siete menores de edad que habían sido reclutados forzosamente. En medio del escándalo, Sharol Valeria Mosquera, una niña de 15 años, perdió la vida durante un operativo militar en la zona rural de Buenos Aires, Cauca.
Operativo militar y su contexto
El ataque militar tenía como objetivo a Jhon James Ararat, conocido como Veneno, considerado un alto dirigente financiero del grupo disidente Jaime Martínez. Este grupo ha representado una grave amenaza en el suroccidente colombiano y forma parte del Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco. La operación fue coordinada por la Policía, la Fuerza Aeroespacial y un bloque de búsqueda que incluye al Ejército, enfocado en desmantelar organizaciones armadas en la región que conecta Jamundí con el océano Pacífico.
La familia de Sharol había perdido el contacto con ella desde marzo, cuando fue reclutada por la disidencia a la edad de 14 años. Un pariente, que solicitó mantener su identidad en reserva, confirmó que en ese momento, otras dos niñas también habían sido llevadas por el mismo grupo.
Desamparo y silencio
Marcial Quiñonez, abogado de la Fundación Jurídica y Benéfica para la Paz (Fubejupaz), aseguró que la muerte de Sharol no ha sido registrada en los informes oficiales, ya que no ha sido reconocida por las autoridades como una víctima de operativos militares. A pesar de que su cuerpo fue identificado por Medicina Legal en Cali, no hubo confirmación por parte de la Policía, la Fuerza Aérea o la Fiscalía sobre las bajas en la operación.
El reclutamiento forzado se ha vuelto un fenómeno alarmante, particularmente en Cauca. Un informe del Movimiento Nacional de Mujeres y Madres por la Paz destaca la existencia de al menos dos «escuelas» de adoctrinamiento donde los menores son presionados para firmar «contratos» que supuestamente validan su ingreso voluntario a las filas de los grupos armados. El miedo a represalias ha impedido que muchas familias denuncien estos hechos.
Estadísticas inquietantes
El Instituto de Medicina Legal reportó el 17 de noviembre que, entre agosto y noviembre de este año, se han identificado 15 muertes de menores en operaciones militares. Y aunque varias de estas muertes han sido documentadas, el caso de Sharol Valeria Mosquera lamentablemente no figura en dichos registros.
Las cifras sobre el reclutamiento forzado en Colombia son dispares: la Defensoría del Pueblo registró solo 21 casos en el primer semestre de este año, mientras que un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz documentó 140 casos entre enero y abril. En los primeros cuatro meses de 2023, la Fiscalía recibió 800 denuncias de reclutamiento infantil, destacando a Cauca como la región principal afectada.
El futuro de los menores en conflicto
El camino hacia el adoctrinamiento de los menores es insidioso; muchos son captados mediante tácticas de enamoramiento y promesas engañosas. Tras ser reclutados, los menores se despojan de su identidad familiar, y sus familias pierden el rastro de ellos, sin saber si aún están vivos o si han sido forzados a participar en combates.
La situación actual deja al Gobierno de Gustavo Petro ante uno de sus mayores desafíos en materia de derechos humanos y seguridad. A pesar de la reactivación de bombardeos en los últimos años, las autoridades insisten en cumplir con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, aunque cada muerte de un menor en estos operativos revela la fragilidad institucional y la incapacidad de proteger a los niños del ciclo de violencia en Colombia.
