La Procuraduría de Colombia ha decidido suspender de manera provisional a Juan Miguel Huertas, general y comandante de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta medida se toma en el marco de una investigación en curso que los vincula con disidencias de las extintas FARC. Las indagaciones se intensificaron tras la publicación de correos electrónicos y chats que sugieren que ambos oficiales habrían filtrado información sobre operativos militares al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por Alexander Díaz, conocido como Calarcá.
La decisión de la Procuraduría se fundamenta en un documento firmado por tres procuradores delegados que componen la sala disciplinaria de instrucción. En este se indica que tanto Huertas como Mejía eran conscientes del impacto de sus acciones y contaban con la capacidad para decidir sobre ellas. La entidad argumenta que su permanencia en sus cargos podría interferir en las investigaciones sobre “gravísimos hechos que han generado gran preocupación en el país”. Además, se resalta que aún tendrían acceso a información reservada, lo que podría permitirles continuar con las conductas reprochadas y fortalecer a un grupo armado ilegal identificado como de alto riesgo.
Reacciones del Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha manifestado la importancia de que el procurador Gregorio Eljach, elegido en octubre de 2024, tenga elementos para tomar su decisión. A pesar de esto, el presidente Gustavo Petro expresó en redes sociales que podrían existir dudas sobre la autenticidad de los chats involucrados y la cadena de custodia de la información. Benedetti llamó a analizar lo sucedido con calma y respeto.
Las acusaciones contra Huertas y Mejía fueron reveladas en un informe de Noticias Caracol, que detalla la supuesta filtración de información sobre operativos y movimientos de tropas en diversas regiones del país, como Antioquia y el Catatumbo. Se menciona también que existían órdenes para facilitar el traslado seguro de los comandantes del EMBF y la colaboración para establecer una empresa de seguridad privada que “legalizara” a 20 hombres en caso de que fallaran las negociaciones de paz con el Gobierno. Las evidencias son correos y mensajes de subalternos de Calarcá, obtenidos de dispositivos incautados durante un operativo en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía abrió una investigación el lunes para determinar la “posible cooptación” de Huertas y Mejía por parte de la disidencia de Calarcá. Según se informó, la información que ahora se presenta estaba en manos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín). Sin embargo, la Fiscalía indicó que no había recibido informes ni copias relacionados con el caso en los últimos 16 meses y que había recibido cinco informes técnicos por parte de la Dijín.
El presidente Gustavo Petro ha puesto en entredicho las acusaciones, asegurando que los informes son falsos y que se busca desacreditar a quienes lo han ayudado a identificar oficiales corruptos en el Ejército. Anunció que se realizaría un examen forense de los chats y correos antes de tomar decisiones definitivas respecto a los dos funcionarios.
Sobre los acusados
El general Huertas había sido forzado a retirarse durante el gobierno de Iván Duque y fue reintegrado a la fuerza pública en agosto de este año, tras su participación en la campaña de Petro. Huertas descarta las acusaciones como un ataque malintencionado en su contra. Por su parte, Wilmar Mejía, actual director de Inteligencia Estratégica de la DNI, acusó de un “plan sistemático de desinformación” en contra de la comunidad de inteligencia del país, señalando que el mandatario tiene el derecho de defender a sus colaboradores.
