Tres días después de la trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, el Gobierno de Colombia ha eludido asumir responsabilidad en el incidente. Durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a la madre del niño, sugiriendo que una mayor educación familiar podría haber prevenido el accidente fatídico ocurrido tras una caída en bicicleta. “En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir… Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, manifestó el mandatario.
Esta declaración fue respaldada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien enfatizó que la muerte de Kevin se debió al accidente, sin mencionar la responsabilidad de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud a la que estaba afiliado. Desde diciembre, esta EPS dejó de suministrar el medicamento necesario para mantener bajo control su hemofilia. “Es entendible que los niños con hemofilia deben estar restringidos en muchas actividades que pueden generarles un trauma violento”, agregó Jaramillo.
Kevin Acosta falleció el 13 de febrero, tras experimentar un agravamiento de su condición debido a la caída en bicicleta. La hemofilia A severa que padecía requiere un tratamiento constante, el cual no recibió por parte de la Nueva EPS, que gestiona los servicios de salud para más de 11 millones de colombianos. La última dosis que recibió fue el 12 de diciembre del año anterior. Su condición se deterioró rápidamente, lo que llevó a su traslado a Bogotá, donde murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia.
La reacción del ministro de Salud contrastó con la opinión de expertos en el área. Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, describió las declaraciones de Jaramillo como inapropiadas y señaló que la hemofilia no es una condición arcaica, sino que requiere de tratamiento para que quienes la padecen puedan llevar una vida normal. Ordóñez afirmó que la falta de atención médica adecuada colocó a Kevin en una situación de “vulnerabilidad extrema”.
Catherine Pico, madre de Kevin, compartió su experiencia con los medios, explicando que comenzaron a enfrentar problemas a partir del 31 de diciembre, cuando la Nueva EPS finalizó el convenio con la IPS Medicarte, la entidad encargada de suministrar el fármaco Emicizumab, cuyo costo por dosis es de aproximadamente 35 millones de pesos (más de 9,500 dólares). A pesar de su reubicación a otra IPS, Integración Solux, el medicamento no estuvo disponible. Pico aseguró que la EPS estaba al tanto del estado de su hijo y que las barreras burocráticas impidieron el acceso al tratamiento necesario.
Sobre las declaraciones en el consejo de ministros, Pico defendió la capacidad de los niños con hemofilia para realizar diversas actividades, siempre que cuenten con el tratamiento adecuado. “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente. El niño murió por falta de un medicamento”, concluyó, subrayando la urgencia de abordar las deficiencias en el sistema de salud que afectaron a su hijo.
