César Julio Valencia Copete, Nuevo Ministro de Justicia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el nombramiento de César Julio Valencia Copete como nuevo Ministro de Justicia. A través de su cuenta en X, Petro destacó que la designación se hace «en honor a los magistrados perseguidos», referencia que evoca el conflicto que tuvo lugar hace más de una década entre Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este gesto no solo subraya un contexto histórico, sino que también refleja la mencionada tensión entre el Gobierno y la cúpula judicial durante el mandato de Petro.

Tensión entre el Gobierno y la Justicia

Desde su llegada al poder, la relación de Petro con las cortes ha sido compleja. En numerosas ocasiones, Petro ha expresado su frustración ante las dificultades para implementar sus reformas, señalando que el mandatario no ha conseguido el poder total, sino que se encuentra «acordonado» por otras instituciones. El presidente considera que existe una resistencia dentro de la judicatura hacia su proyecto político, conocido como el «Gobierno del cambio».

En sus años como congresista, Petro fue un firme defensor de la independencia de la Rama Judicial. Su postura se consolidó especialmente durante los abusos de poder del gobierno de Uribe, que incluyó la reelección y la intervención en los asuntos judiciales. Las investigaciones sobre la parapolítica, que revelaron la infiltración del paramilitarismo en el Congreso, llevaron a Petro a alinearse con algunos magistrados que fueron víctimas de la persecución del gobierno.

Evolución del Conflicto Judicial

A medida que avanzó su gobierno, las diferencias entre Petro y la judicatura se hicieron más evidentes. Inicialmente, los desacuerdos fueron leves, pero con el tiempo se transformaron en enfrentamientos directos. Un punto de inflexión ocurrió en febrero de 2024, cuando Petro convocó a sus seguidores a protestar contra la Corte Suprema por su inacción en la elección de un nuevo fiscal general. Esta movilización provocó declaraciones del presidente de la Corte, quien advirtió sobre los peligros de presionar las decisiones judiciales.

La Corte Constitucional ha desestimado importantes iniciativas de Petro, como partes de su reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, lo que consolidó el conflicto entre el Ejecutivo y el sistema judicial. La decisión de la Corte sobre el Ministerio de Igualdad, cuyo proceso de creación fue declarado inválido, es otro ejemplo de este roce. Mientras tanto, el Consejo de Estado ha suspendido decisiones que influyen directamente en la gestión gubernamental.

Acusaciones y Críticas del Presidente

Gustavo Petro ha amplificado sus críticas contra las cortes, acusándolas de formar parte de un «golpe blando» y de manipular el «lawfare» contra su administración. En particular, sus ataques se han dirigido hacia la Corte Constitucional, que evalúa su reforma pensional, destacando que la institución está bajo la influencia de un «clientelismo judicial». Recientemente, el presidente mencionó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, criticándolo por su falta de imparcialidad en sus decisiones judiciales.

Este clima tenso y conflictivo entre el Gobierno y el sistema judicial de Colombia pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Petro en su intento de implementar reformas significativas en el país.