La reciente operación militar en Colombia ha desatado una polémica sin precedentes tras la muerte de al menos 15 menores de edad en bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro, dirigidos contra estructuras del disidente Iván Mordisco. Este trágico suceso ha generado críticas severas hacia la administración actual, especialmente dado que Petro se había comprometido anteriormente a no llevar a cabo bombarderos en campamentos donde hubiera niños.
La confirmación del fallecimiento de estos menores llegó a través de Medicina Legal, que reportó que las víctimas, con edades comprendidas entre 11 y 17 años, han sido objeto de varios ataques aéreos en los últimos meses. Aunque el presidente indicó que el número podría ascender a 20, la revelación se produjo únicamente tras la presión de diversos sectores de la sociedad, incluidos aquellos que tradicionalmente apoyan al Gobierno.
En una serie de declaraciones a través de redes sociales, Petro defendió su actuar argumentando que los bombardeos eran una medida necesaria para combatir a un grupo armado que ponía en riesgo a las Fuerzas Militares. No obstante, sus comentarios fueron rebatidos por su propia retórica anterior, pues su promesa electoral incluía la defensa de los derechos humanos y la protección de menores. En sus justificaciones, el presidente insinuó que no se conocía la presencia de menores en los campamentos, lo que resultó sorprendente para muchos que han seguido de cerca el reclutamiento de niños por parte de estos grupos armados.
La situación se complica aún más al considerar las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento y traslado de menores en varias regiones del país. A pesar de contar con esta información, las fuerzas militares no lograron evitar ataques que dejaron como saldo la muerte de menores de edad, generando así un clamor por alternativas más éticas y efectivas para abordar la violencia.
El comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, también intervino en la controversia al señalar que la inteligencia militar carece de los recursos necesarios para determinar la edad de los individuos en el campo de batalla, sugiriendo que los menores son «un objetivo militar que también asesina». Esta afirmación ha sido criticada por muchos, quienes argumentan que ello revela una falta de compromiso con la protección de los derechos humanos y la vida de los ciudadanos más vulnerables.
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